El magistrado ha tomado esta decisión tras considerar que las pruebas practicadas durante la instrucción son nulas y carentes de validez ya que la grabación magnetofónica que dio origen a la investigación judicial fue realizada sin autorización del juez y al margen de cualquier procedimiento penal.
Sin entrar a hacer una valoración judicial, Sabanés ha declarado tras presentar las medidas medioambientales de cara al WorldPride que lo que tiene que quedar claro es que "se habían producido irregularidades" en un asunto vital como la concesión de licencias.
El auto de incoación del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, afirma la sentencia, se fundamentó en una supuesta grabación espontánea realizada el día 6 de marzo de 2007 por un ciudadano por su cuenta y por sus propios medios, pues así resultaba del atestado, y "no en lo verdaderamente sucedido, que de haberse puesto en conocimiento del juzgado, tenía que haber sido determinante para declarar la nulidad de la grabación y el consiguiente sobreseimiento y archivo de las actuaciones".
Los hechos se remontan al 14 de noviembre de 2007 cuando se produjo la detención de 16 personas por orden del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. La intervención judicial en la Gerencia de Urbanismo y la Concejalía de Medio Ambiente descubrió una presunta red de cobro de comisiones ilegales en el seno del Ayuntamiento.
En el marco de la instrucción estuvieron cumplieron prisión preventiva un total de diez imputados, entre ellos los presuntos cerebros de la trama. Seis años después, se acordó la imputación formal de 34 personas por delitos de cohecho, negociaciones prohibidas para los funcionarios y prevaricación ambiental, entre otras infracciones penales.
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