La resolución emitida el pasado día 26, consultada por Europa Press, apunta que "a efectos de la tutela cautelar" y "sin perjuicio del ulterior análisis de fondo de los motivos del recurso", la suspensión de la licitación del servicio que afecta a 551 centros escolares de Andalucía "es el mejor remedio para asegurar la eficacia de la resolución del recurso en caso de una eventual estimación del mismo".
Así, aunque el contrato se divide en 129 lotes y la entidad recurrente hace referencia a su participación en uno de ellos, el tribunal ha observado que el procedimiento del licitación "es único" y por tanto "no es posible su tramitación separada en función de los distintos lotes en los que se haya fraccionado el objeto del contrato", por lo que la medida cautelar afecta al procedimiento "como un todo unitario, sin posibilidad de distinguir entre lotes".
El tribunal hace esta observación ante las alegaciones planteadas por la Agencia Pública Andaluza de Educación, que mostró su "oposición" a la adopción de esta medida cautelar, ya que la concesión de este servicio "implica una atención diaria a 59.165 usuarios en los 551 centros docentes, siendo que de la totalidad de usuarios atendidos, un 13,4 por ciento se encuentran bonificados al cien por cien en el precio público" al estar en situación de "extrema necesidad y en el entorno de los umbrales de pobreza".
En esta línea, el órgano dependiente de la Junta incide en que la suspensión del procedimiento "conllevaría necesariamente la paralización de esta cobertura básica para la población señalada" y tendría una "repercusión directa sobre las personas que actualmente son beneficiarias del servicio público", así como a las familias afectadas para las que el servicio de comedor "se ha convertido en un mecanismo imprescindible para facilitar la compatibilidad y el cuidado de los hijos".
No obstante, el tribunal señala la "brevedad" de los plazos previstos para la resolución del presente recurso, lo que "ya supone de partida un menor riesgo o perjuicio para el interés público que demanda la adjudicación y formalización del contrato de que se trate", sentido en el que además rechaza la petición de garantía efectuada por el órgano andaluz, que exigía una caución equivalente al cinco por ciento del presupuesto de licitación del lote recurrido, esto es, 31.131,12 euros.
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