Saltarse la ley se ha convertido en algo demasiado habitual en España y no por los ciudadanos, sino, sorprendentemente, por los políticos a los que han elegido para que la hagan cumplir y, desde luego, la acaten.
Los dirigentes catalanes fueron los primeros en traspasar la línea, pero ahora, cada vez hay más políticos y dirigentes, en otras comunidades, dispuestos a saltarse ley y las decisiones de los tribunales, asumiendo competencias que les son ajenas y retando, en muchas ocasiones, al Estado de Derecho.
Hoy mismo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) admitía a trámite la querella de la Fiscalía contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por desobediencia y prevaricación al haber permitido votar las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente pese al aviso del Tribunal Constitucional (TC)
El Tribunal asumía la querella de la Fiscalía que pedía citar a declarar a Forcadell como investigada por haber adoptado acuerdos contrarios al ordenamiento jurídico "con total desprecio a la Constitución" y a los pronunciamientos del TC.
También hoy, todos los grupos políticos del Parlamento balear votaron a favor de no modificar el horario y quedarse en el de verano, una decisión que vulnera una directiva europea, ya que el cambio de hora está regulado a nivel europeo.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo advertía a los dirigentes de Baleares que "no pueden modificar o mantener de forma unilateral el horario" y quedarse en el horario de verano (GMT+2), saltándose la Novena Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión, que desde enero de 2001 se aplica con carácter indefinido.
La Directiva se incorporó a la normativa española mediante el Real Decreto 236/2002, de 1 de marzo. Así, el cambio de hora se produce el último domingo de marzo (verano) y el último de octubre (invierno). Los toros en Cataluña y el Constitucional
Mientras, el pasado día 21, el Tribunal Constitucional anulaba la ley catalana que prohibía las corridas de toros, al considerar que la norma invadía las competencias del Estado en materia de Cultura. La decisión se ha adoptó por ocho votos frente a tres.
La sentencia reconocía que Cataluña tiene competencia para regular los espectáculos públicos y para proteger a los animales, y que dentro de esas competencias podría incluir, en principio, la prohibición de las corridas con el fin de proteger a los animales.
Pero destacaba que en el ejercicio de sus competencias sobre Cultura, el Estado ha dictado leyes declarando la tauromaquia como patrimonio cultural. Eso obliga a que el ejercicio de esas competencias por la comunidad autónoma deba "cohonestarse" con las que la Constitución reserva al Estado, algo que no ha sucedido.La desobediencia de Mas
Hace unos días se conocía la petición de diez años de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat Artur Mas y otros nueve años para las conselleras Irene Rigau y Joana Ortega, por prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) en la consulta soberanista del 9N.
En su escrito de calificación, presentado ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled acusan a los tres encausados de los delitos de desobediencia grave y de prevaricación, en el caso de Mas como autor y en el de las conselleras como cooperadoras necesarias.Rodea el Congreso
Algunos diputados, entre ellos Alberto Garzón, de Unidos Podemos, están dispuestos a vulnerar la Ley de Seguridad Ciudadana, participando en concentraciones frente al Congreso de los Diputados, que podrían perturbar de forma grave la seguridad. La ley contempla multas de hasta 30.000 euros por este tipo de actos.
La Coordinadora 25S ha anunciado una protesta que coincidiría con la sesión de investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y que califican de golpe de la mafia. La conocida como Ley Mordaza -cuestionada por la oposición, que pide su derogación- contempla en su artículo 36 las 23 faltas graves castigadas con una sanción de entre 601 y 30.000 euros.
El desafío del Ayuntamiento de Badalona
El Ayuntamiento de Badalona, cuya alcaldesa es Dolors Sabater, de Guanyem Badalona en Comú, decidió el pasado 12 de octubre que no celebrará la Fiesta Nacional. La consecuencia más visible fue la apertura de los principales edificios públicos.
La explicación del Consistorio fue que consideraba que esa celebración "conmemora un genocidio" y además tiene "connotaciones franquistas".
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