Así lo ha señalado el delegado en un comunicado después de que la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, preguntase este jueves al Gobierno "qué va a pasar" con más de 2.500 millones de euros que tendrían que llegar por parte del Estado a Andalucía si los PGE para 2016 se cierran este mes de julio, como ha planteado España a la Comisión Europea en el texto de alegaciones remitido para tratar de reducir al máximo la multa por déficit excesivo que prepara Bruselas.
Al respecto, el delegado del Gobierno ha pedido que "no se falte a la verdad ni se manipulen los números", ya que "la Junta de Andalucía tiene sus propias competencias y sus propios presupuestos y es responsable, como es obvio, de su propia contabilidad".
Además, Sanz ha defendido que "el cierre adelantado de los presupuestos es un procedimiento ordinario que se suele adoptar todos los años en octubre o noviembre, también por parte de la Junta de Andalucía".
Igualmente, ha apuntado que la medida no conllevaría la pérdida de ninguna inversión del Estado aprobada y presupuestada, y que "los servicios esenciales están plenamente garantizados, ya que son competencia de las comunidades autónomas y están incluidos en sus presupuestos".
Finalmente, Sanz ha reiterado su petición de "lealtad institucional" al Ejecutivo autonómico andaluz, y ha remarcado que el Gobierno de España "siempre ha tenido la mano tendida a Andalucía a la hora de garantizar la financiación de sus administraciones, con 31.000 millones de liquidez extraordinaria desde el ejercicio 2012".
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