TARJETAS BLACK. EL TRIBUNAL DECIDE ESTA SEMANA SI ENVÍA A PRISIÓN A BLESA Y RATO

El tribunal que ha condenado a los 65 acusados en el juicio por el caso de las 'tarjetas black' celebrará esta semana la vistilla en la que decidirá las medidas cautelares aplicables a los expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y de Bankia, Rodrigo Rato. El fiscal, Alejandro Luzón, pedirá previsiblemente prisión eludible bajo fianza, al considerar que no hay riesgo de fuga.
Blesa fue condenado a seis años de cárcel y Rato a cuatro años y seis meses. Las condenas a los expresidentes, exconsejeros y exdirectivos de las dos entidades oscilan entre los tres meses y los seis años de prisión.
Blesa y Rato deberán pagar además una multa cada uno de 111.600 euros y al igual que el resto de los condenados quedan inhabilitados para ejercer el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria durante el tiempo de la condena.
A los dos el tribunal les considera autores del delito continuado de apropiación indebida. Los restantes acusados son condenados como colaboradores, salvo el ex director general de Medios Ildefonso Sánchez Barcoj (dos años y seis meses), a quien se le considera colaborador y cómplice de la operativa desarrollada que contribuyó a mermar el caudal de la entidad bancaria. A los tres se les absuelve del delito de administración desleal del que eran acusados.
Tanto Blesa como Rato tendrán que responder de forma solidaria a todas las cantidades de las que dispusieron los acusados, que las acusaciones fijan en 12 millones de euros, pero el tribunal explica que se deberán descontar las cantidades atribuidas al consejero fallecido Miguel Ángel Araujo, así como las que se han considerado prescritas y que por tanto no han sido juzgadas.
El fiscal descarta pedir para los acusados prisión incondicional y decidirá este lunes si reclama la vistilla de medidas cautelares tras consultarlo con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Esa vistilla ya ha sido solicitada al tribunal por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), personada como acusación popular en la causa.
La acusación popular defiende el ingreso en prisión de los dos expresidentes y, en caso de que no se acuerde, solicita que se les deje en libertad bajo fianza, la prohibición de salir del territorio nacional, la retirada del pasaporte o la comparecencia periódica ante las autoridades que se determinen.

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