El TPI ha determinado que tanto Uganda como Yibuti han violado las obligaciones impuestas en el tratado fundacional por no detener y entregar a Al Bashir y ha decidido "remitir el asunto a la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma y al Consejo de Seguridad" para que "adopten las medidas que consideren necesarias".
"Uganda y Yibuti no detuvieron ni entregaron a Al Bashir cuando estaba en sus territorios (...) y, por tanto, impidiendo que el TPI ejerciera sus funciones y poderes bajo el Estatuto de Roma", ha sostenido el alto tribunal en un comunicado.
El TPI ha subrayado además que ninguno de los dos gobiernos le comunicaron "que tuvieran cualquier problema que pudieran haber advertido para ejecutar las órdenes de detención y entrega" contra el presidente sudanés.
La Fiscalía del TPI ha imputado a Al Bashir cinco cargos por crímenes contra la humanidad, tres por genocidio y dos por crímenes de guerra a causa del conflicto armado en la región de sudanesa de Darfur, donde han muerto más de 300.000 personas.
A pesar de que los primeros cargos fueron presentados en 2009, el alto tribunal aún no ha conseguido poner sus manos sobre Al Bashir porque el jefe de Estado apenas sale de Sudán y los gobiernos de los países que ha visitado se han negado a acatar las órdenes del TPI.
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