En dos resoluciones, la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV considera que los decretos vulneran el principio de reserva legal ya que al tener los decretos como objeto fijar las directrices de coordinación para funciones propias de las tres diputaciones, de acuerdo con la normativa, se tendría que haber dictado una ley que fuera aprobada por las Corts Valencianes. Por ello, declara su nulidad por "falta de conformidad" a derecho.
El TSJCV estima así los recursos contencioso-administrativo que interpuso la Diputación de Castellón contra ambos decretos e impone las costas procesales por mitad a las partes demandadas -la Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia-, que fija en 3.000 euros en cada sentencia.
El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, ha señalado que dichos decretos "venían a poner firma a la literatura de ataque frontal a los gobiernos provinciales que, desde el Pacto del Botánico, se había llevado a cabo desde el momento de su constitución como Gobierno".
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