En su sentencia de este jueves, el Tribunal de Justicia de la UE ha rechazado el recurso de casación del fiscal general de Zimbabue y del resto de sancionados para obtener la anulación de las sanciones, que implicaban la prohibición de entrada a la UE y la congelación de sus activos bajo jurisdicción europea.
El Tribunal europeo ha justificado que las personas y sociedades sancionadas debían considerarse "plenamente asociadas" al Gobierno de Zimbabue dado que ocupaban altos cargos, como son las implicadas en operaciones militares, policiales o de seguridad, a menos que demuestren mediante "acciones concretas" que rechazaron las prácticas de ese Gobierno.
Las sanciones de la UE contra Zimbabue se introdujeron en febrero de 2002 por las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas por el Gobierno de Robert Mugabe, aunque la mayoría se han levantado ya.
Los Gobiernos europeos sí prolongaron el pasado mes de febrero un año más, hasta febrero de 2017, las sanciones contra el presidente, su esposa, Grace Mugabe, y las industrias de defensa del país, mantuvieron suspendidas las sanciones contra cinco altos cargos de seguridad y retiraron de la lista a otras 78 personas y ocho entidades, cuyas sanciones ya habían sido suspendidas. El embargo de armas a Zimbabue también sigue en vigor.
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