El abogado Manuel Martos, que representa a cerca de un centenar de estos trabajadores, ha detallado a Europa Press que, con anterioridad al concurso convocado por la Administración, estos profesionales habían presentado demandas ante la jurisdicción Social y Contencioso-Administrativa para que se reconozca "el fraude en su contratación", lo que implicaría como sanción que la Junta reconozca su condición laboral de personal indefinido no fijo.
Al respecto, ha destacado que los puestos de valoradores de dependencia han sido desempeñados en los últimos nueve años exclusivamente por personal interino, no habiendo ningún funcionario en la relación de puestos de trabajo. Según Martos, ha sido "curiosamente" después de su reclamación cuando se ha convocado el referido concurso por parte de la Administración.
Por ello, tanto a título particular como a través de la Asociación de Profesionales Valoradores de Dependencia en Andalucía (Aprovada), se ha solicitado cautelarmente la impugnación únicamente de las plazas de valoradores del citado concurso, toda vez que están "judicializadas", reclamando en todo caso una oferta pública de empleo "exclusivamente por concurso".
El objetivo es que quienes lleven prestando servicios durante más de tres años como funcionarios interinos de la Junta tengan "el mismo derecho que el resto de empleados públicos no funcionarios"
Cabe señalar, además, que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, abrió recientemente una queja de oficio para investigar la situación de estos trabajadores ante la inclusión de las plazas vacantes en el próximo concurso de traslados, ya que, a su juicio, el servicio "resultará ciertamente afectado" porque, salvo excepciones, "la mayoría de los funcionarios que opten a los puestos carecen de la formación y experiencia sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia en Andalucía".
El abogado ha calificado de "drama" y de "absolutamente injusto" la situación "precaria" en la que quedarían estos trabajadores a los que la Junta dejaría "en la calle" si no se anulan del "inminente" concurso la convocatoria de estas plazas, máxime después de haber estado "nueve años contratados en fraude de ley" y desempeñando funciones de trabajadores sociales, de valoradores y de inspección autorizando subvenciones "sin ser funcionarios".
Por otra parte, cabe señalar que Aprovada --que aglutina a unos 230 afectados en Andalucía-- se está planteando iniciar un calendario de movilizaciones para dar visibilidad a su situación, sin descartar protestas ante la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales a las que, según han avanzado, se sumarían también usuarios del servicio de dependencia.
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