El ministro de Interior venezolano, Gustavo González, dijo este miércoles en la noche que siete personas fueron detenidas en Caracas por presuntamente agredir a policías en la protesta opositora para exigir un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro en medio del estado de excepción.
"Por los hechos violentos escenificados en Caracas hoy hemos capturado a siete sujetos vinculados a organizaciones violentas con fines políticos", dijo González en una alocución transmitida por la televisora oficial.
Añadió que los detenidos fueron capturados en la Plaza Altamira, en el municipio Chacao (en el este de Caracas), y trasladados a la penitenciaria 26 de julio, en San Juan de Los Morros, capital del estado Guárico (centro).
El ministro mostró imágenes de manifestantes que golpeaban a policías y aseguró que uno de los detenidos "confesó que un grupo de jóvenes recibió financiamiento del jefe de seguridad de un diputado de la derecha de la Asamblea Nacional para participar en las acciones violentas".
Por su parte, el segundo del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró más tarde en su programa televisivo semanal que se trata de un "alias comisario Coromoto que anda con (Henry) Ramos Allup", presidente del Parlamento.
Este miércoles, Maduro advirtió que tiene listo un decreto de "conmoción interior", como parte del estado de excepción que rige en el país, en caso de que se desaten hechos "golpistas violentos".
Policías y militares impidieron a un millar de opositores llegar este miércoles a la sede central del órgano electoral en Caracas, e incluso dispersaron algunos gases lacrimógenos.
La oposición reportó incidentes en 5 de 23 estados del país, y dijo que la policía habría detenido a una treintena de manifestantes.
Dirigentes de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) entregaron un documento a uno de los cinco rectores principales del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Emilio Rondón, afín a la oposición, quien acudió al lugar y prometió someterlo al plenario de la entidad.
En el texto, la oposición denuncia "violaciones al procedimiento previsto" para la activación del revocatorio, y exige que se definan los puntos para la validación de unas 200.000 firmas (1% del padrón electoral) entregadas al CNE el 2 de mayo como requisito para activar la consulta.
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