En un comunicado, en respuesta a las críticas de la Asociación Gallega de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (Ageinco), Zona Franca ha insistido en que en la adjudicación de este contrato se respetó el procedimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, que "obliga a admitir bajas temerarias cuando estén debidamente justificadas, tal y como sucedió en este caso".
En relación a ello, ha recordado que el concurso salió a licitación pública por 150.000 euros y las empresas que se presentaron hicieron ofertas por un precio medio de 84.000 euros, siendo la oferta de la adjudicataria de un total de 76.500 euros. En todo caso, el Consorcio ha asegurado que la resolución del acuerdo ha sido "sin quebranto alguno".
Finalmente, ha indicado que nuevamente ha sacado a licitación este proyecto, proceso en el que ha reiterado que mantiene, "como no puede ser de otra manera, el respeto a la legislación vigente", y con el que espera "que en esta ocasión las empresas presenten unas ofertas que estén en condiciones de cumplir".
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