Montevideo, 25 feb.- La abogada de los dos militares uruguayos que ganaron el recurso de inconstitucionalidad contra una ley que evitaba la prescripción de los delitos de la dictadura (1973-1985) criticó hoy la marcha convocada por el bloque oficialista Frente Amplio (FA) contra el fallo judicial.
"Quedamos contentos; entiendo que la sentencia es muy clara y respeta todos los principios del derechos penal y constitucional", afirmó a Efe Rosana Gavazzo sobre el dictamen emitido el viernes y que ha desatado la ira del FA, bloque oficialista de izquierdas, contra la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Gavazzo calificó de "situación grave" la manifestación convocada para este lunes por el FA y acusó al partido gubernamental de "no respetar la separación de poderes".
"Me parece que hay que respetar la decisión de la Suprema Corte y respetar la independencia del Poder Judicial", argumentó la letrada, que también consideró "grave" que el alto tribunal se vea obligada a tener seguridad ante posibles desmanes en la manifestación, prevista para las 18.00 horas locales (20.00 GMT).
Como representante de los coroneles que interpusieron el recurso ante la SCJ, Rudyard Scioscia y Mario Cola, imputados por la presunta comisión de torturas y desapariciones forzadas, aclaró asimismo que con la sentencia no termina la batalla jurídica de sus clientes, cuyo futuro queda ahora en manos del juez del caso.
La abogada es hija del represor José Nino Gavazzo, que en 2009 fue condenado a 25 años de prisión junto con otros siete militares por su responsabilidad en la muerte de 28 personas en el marco del Plan Cóndor, orquestado en los años 70 por las dictaduras del Cono Sur suramericano.
Rossana Gavazzo, que dijo no haber visto aún a Scioscia y Cola ni conocer su reacción, también se refirió a las críticas del FA a la SCJ por el traslado a un juzgado civil de la magistrada Mariana Mota, que llevaba medio centenar de expedientes de la dictadura, el pasado día 15.
"La Corte tiene la facultad de mover a sus jueces dentro del reglamento y que se lo cuestione" demuestra que "hay un riesgo institucional".
La abogada se mostró, asimismo, optimista sobre el resultado de otros al menos diez recursos de inconstitucionalidad interpuestos por militares ante el alto tribunal, con el argumento de que las leyes aprobadas por el oficialismo contra la Ley de Caducidad o de amnistía no tienen sustento legal.
"Todos los proyectos que presentaron han sido defectuosos porque van contra la normativa que hay que respetar, como por ejemplo el principio de la irretroactividad de los delitos del Código Penal", indicó.
A raíz de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarara en marzo de 2011 al Estado uruguayo responsable del caso Gelman, emblemático de la dictadura, y le exigiera que las leyes del país no fueran un obstáculo para la resolución de esas causas, el FA probó varios recursos legales para anular la Ley de Caducidad.
En mayo de 2011 intentó aprobar una norma que eliminaba esa ley de amnistía, aprobada en 1986 y ratificada en referéndum en 1989 y 2009, pero fracasó en su intento por divisiones internas, aunque en octubre siguiente logró que prosperara la norma que ahora ha sido declarada inconstitucional por la SCJ.
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