Montevideo, 25 nov.- La abogada uruguaya Rossana Gavazzo, defensora de varios militares uruguayos acusados de crímenes durante la dictadura (1973-1985), pidió en una decena de recursos a la justicia la prescripción de esos delitos, posibilidad que una ley aprobada hace un mes en el Parlamento pretende evitar.
"Presentamos un escrito de prescripción en todos los presumarios, en aquellos casos en los que todavía no ha habido procesamiento y han sido citados militares a declarar", informó la letrada, hija y representante legal del represor José Nino Gavazzo, de 72 años.
Uno de los recursos presentados por la abogada fue en el juzgado Primero de lo Penal de la capital uruguaya por un caso abierto contra su padre, que ya cumple condena por otra causa, aunque ahora está internado en un hospital militar por problemas de salud.
La abogada indicó que todavía no ha tenido respuesta a los escritos, presentados para distintos procesos en Montevideo, Maldonado (este) y Fray Bentos (noroeste), y aclaró que no existe un plazo para que los juzgados consultados emitan una resolución al respecto.
En 2009 Gavazzo y otros siete exmilitares fueron condenados a 25 años de prisión por su responsabilidad en la muerte de 28 personas en el marco del Plan Cóndor, orquestado en los años 70 por las dictaduras del Cono Sur suramericano.
A los encausados se les aplicó el delito de "homicidio muy especialmente agravado".
El código penal prevé 20 años de prescripción para el delito de homicidio, que es el más grave, y el plazo puede ser ampliado en un tercio en función de las agravantes del caso, lo que establece un máximo de 26 años y ocho meses.
Sentencias previas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para casos concretos, pues no puede pronunciarse a nivel general, sitúan el plazo de prescripción de esos últimos delitos el 1 de noviembre pasado.
La SCJ considera que el período de la dictadura no debe ser considerado para determinar la prescripción debido a la falta de garantías y toma como referencia la fecha del 1 de marzo de 1985, cuando se recuperó la democracia.
Para evitar que quedarán sepultadas las causas, a finales de octubre pasado el bloque oficialista Frente Amplio, de izquierdas, impuso su mayoría en el Parlamento para aprobar una ley según la cual se consideran los delitos de la dictadura como crímenes de lesa humanidad y por tanto impide su prescripción.
El crimen de lesa humanidad existe en el código penal uruguayo desde hace solo un lustro.
En declaraciones a Efe, la abogada Gavazzo aseguró también haber denunciado la situación de sus representados en septiembre pasado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de que este tribunal condenó este año a Uruguay precisamente por no cambiar una legislación que obstaculiza las causas a los exrepresores.
Según Gavazzo, en Uruguay "todos los juicios" contra sus representados "son sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de prueba".
"Se basan en dichos de personas que repiten cosas que les dice un tercero", manifestó la letrada.
La dictadura de Uruguay dejó 38 desaparecidos en este país, según la Comisión para la Paz, que funcionó entre 2000 y 2003. En Argentina se denunciaron otras 182 desapariciones de ciudadanos uruguayos; en Chile, ocho; en Paraguay, dos, y en Brasil, una.
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