Asunción, 14 nov.- Organizaciones no gubernamentales de Paraguay, Argentina, Chile, Colombia, EE.UU. y Suecia denunciaron hoy la violencia a la que son sometidos campesinos e indígenas por parte del Ejército paraguayo, con el pretexto de perseguir a un grupo armado ilegal.
Las denuncias fueron recogidas en un informe presentado este jueves a los medios, después de que 43 representantes de ONG, integradas en una "Misión de Observación internacional", visitaran durante cuatro días distintas zonas de Paraguay donde se supone que opera el grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
"Con el argumento de la persecución del enemigo interno (EPP), desde el primer estado de excepción decretado en 2010, el Estado paraguayo ha profundizado sus prácticas represivas, a través de la asignación de funciones de seguridad interna a los cuerpos militares", dice el informe elaborado por la Misión.
El texto, basado en testimonios de los pobladores e instituciones de esas áreas, denuncia la existencia de agresiones, abusos sexuales, detenciones arbitrarias e incluso avisan de la existencia de "ejecuciones extrajudiciales" por parte de las tropas desplegadas.
"Los campesinos son sorprendidos en sus casas por la noche y desalojados violentamente por hombres vestidos con ropa de camuflaje y los rostros cubiertos, no se identifican y amedrentan a los niños", manifestó en rueda de prensa Ana Juanche, una de las portavoces de la Misión.
El número de muertos atribuidos al grupo armado desde la asunción del nuevo Gobierno del presidente paraguayo, Horacio Cartes, el pasado agosto, se elevó a siete el 24 de octubre, con el asesinato de un comisario en una emboscada.
El Gobierno asegura que el EPP es el autor de 32 asesinatos en distintos ataques desde 2005.
Además, el informe, en cuya elaboración participaron organizaciones como la argentina Madres de Plaza de Mayo o el Centro Cooperativo Sueco, asegura que recibieron relatos de "presencia de grupos paramilitares" bajo mando de empresas dedicadas al cultivo y comercialización de la soja.
El primer supuesto ataque del EPP tras la posesión de Cartes se registró el 17 de agosto, cuando fallecieron cinco guardias de seguridad de una hacienda ganadera de propiedad brasileña en Tacuatí, uno de ellos un policía en activo fuera de servicio.
A los pocos días, el Gobierno logró que se aprobaran enmiendas a la Ley de Defensa Nacional para enviar de inmediato fuerzas militares a la zona donde presuntamente opera el grupo, en los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay, fronterizo con Brasil.
El pasado 1 de octubre, otro oficial de la Policía murió también en Tacuatí, en el ataque a una comitiva del Ministerio del Interior que realizaba una misión de capacitación policial en derechos humanos.
Desde entonces, unos 300 efectivos del Ejército permanecen desplegados en la zona.
"Lo que ha pasado en la realidad es que en vez de encontrar a los responsables se están produciendo abusos contra personas inocentes", afirmó en la rueda de prensa Enrique Gauto, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).
El EPP, al que las autoridades atribuyen sus orígenes en el partido Patria Libre, no ha reivindicado públicamente ninguno de los ataques ocurridos desde agosto, y el Gobierno no ha facilitado información de detenciones de presuntos miembros en estos meses.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios