AI acusa a una minera belga de demoler viviendas en la RDC

Bruselas, 24 nov.- Amnistía Internacional (AI) acusó hoy a la empresa minera belga Groupe Forrest International (GFI) de demoler cientos de viviendas en la República Democrática del Congo y obstaculizar, junto al gobierno de ese país, la reparación a los afectados.

"Ahora hay pruebas abrumadoras e irrefutables de que desalojos forzosos que tuvieron lugar, a pesar de las afirmaciones de GFI" negando los hechos, dijo Audrey Gaughran, de Amnistía Internacional.

En un informe, AI aporta "imágenes de satélite y otra pruebas" que muestran que la filial del grupo belga, Entreprise Général Malta Forrest (EGMF), demolió con excavadoras en 2009 varias casas de manera ilegal en Kawama (provincia de Katanga), lo que provocó el desalojo forzoso de cientos de personas, según la ONG.

Los terrenos estaban situados cerca de la mina Luiswishi, entonces explotada por la empresa, que se desvinculó de la misma en 2012.

"Es vergonzoso que un gigante de la minería mienta y niegue justicia al pueblo. Ya es hora de que digan la verdad y de que compensen a los residentes por lo que han perdido", añadió Gaughran.

AI afirma que las demoliciones de 2009 "se produjeron en el marco de una operación policial, llevada a cabo a petición de Groupe Forrest International, con el argumento de expulsar a los mineros de la zona Kawama porque fueron acusados de cometer el robo en la mina de cobre y cobalto".

Gaughran denunció que la destrucción de las viviendas dejó a varias personas sin un modo de subsistencia y apuntó al caso de una mujer cuyo restaurante fue destruido y tuvo que interrumpir la escolarización de sus hijos por falta de medios.

Por su parte, Groupe Forrest publicó hoy un comunicado en el que afirmó que las pruebas del informe no aportan nada que contradiga su "ausencia de responsabilidad" y la de sus filiales, "que ya ha sido demostrada".

En cambio, AI afirmó que las imágenes de satélite, vídeo y los archivos que forman parte de una investigación judicial a manos de la fiscalía "aportan pruebas irrefutables".

"Los conductores de las excavadoras de la filial EGMF, que han sido interrogados por el fiscal, han declarado bajo juramento que sus superiores les habían dado la orden de presentarse en Kawama y obedecer las instrucciones de la Policía", aseguró AI.

La ONG apuntó también a las autoridades congoleñas, a las que acusó de "silenciar" el caso y detener las investigaciones puestas en marcha, y les pidió que tomen medidas contra estos abusos de derechos humanos.

AI pidió tanto al grupo minero como al Gobierno del país que garanticen que los afectados reciben una indemnización completa por las pérdidas causadas por las demoliciones y los desalojos forzosos.

También se dirigió a Bélgica, el país de origen de la empresa minera, al que pidió que revise su marco jurídico y político "para regular adecuadamente a las multinacionales belgas, tanto en su territorio como en el extranjero".