Ancianos, discapacitados y menores, las víctimas de 'los timadores del butano'

    • Una docena de detenidos por hacer falsas revisiones del gas y cobrar hasta mil euros a cada estafado
    • Se hacían pasar por empleados de Repsol y amenazaban a los engañados con cortarles el butano o sancionarles si no abonaban
    • Llegaban a manipular las calderas para aparentar conocimientos, con el consiguiente riesgo para los habitantes
    • Muchos de los estafados no han denunciado porque aún no saben que han sido víctimas de un timo
Los falsos empleados de Repsol simulaban revisiones del sistema de gas para engañar a los usuarios.
Los falsos empleados de Repsol simulaban revisiones del sistema de gas para engañar a los usuarios.
Roberto R. Ballesteros / Seguridad y Tribunales

El Juzgado de Instrucción número 8 de Malaga ha ordenado la detención de 13 personas a las que la Policía acusa de estafar a decenas de ciudadanos, sobre todo personas mayores, discapacitados y extranjeros, la mayoría con bajos recursos.Los delincuentes se hacían pasar por empleados de Repsol o miembros de una empresa de revisión de gas, llamaban antes a la vivienda y concertaban cita. Luego se presentaban en el domicilio de las víctimas, manipulaban cables y otros dispositivos para hacer ver que sabían lo que hacían, con el consiguiente riesgo para la seguridad de los habitantes, y posteriormente solicitaban a los dueños del inmueble una cantidad desproporcionada que en ocasiones se acercaba incluso a los mil euros.Ante las quejas de los usuarios, en ocasiones los delincuentes llegaban incluso a amenazar a las víctimas con cortarles el gas o imponerles una sanción si no abonaban la cantidad exigida. Así al menos se lo han comunicado los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía al Juzgado número 8 de Málaga, que centraliza la investigación al ser el tribunal en el que se puso la primera denuncia.Sin embargo, la red de falsos revisores de gas operaba en un amplio territorio del país. De hecho, la Policía ha efectuado registros de inmuebles propiedad de miembros de la trama distribuidos por Madrid, Málaga, Granada, Almería, Castellón o Santiago de Compostela, entre otras provincias.En los registros, los funcionarios se han incautado de diversos dispositivos electrónicos, discos duros, una veintena de ordenadores y una decena de vehículos de alta gama. A los detenidos se les imputan estafa, blanqueo de capitales y un delito contra la Seguridad Social, a la que podrían deber casi cuatro millones de euros.Fuentes jurídicas estiman que en la actualidad es muy difícil establecer la cantidad de dinero estafado a las víctimas, puesto que la inmensa mayoría no han denunciado, aunque podrían hacerlo tras hacerse pública la noticia. Al ser personas mayores o discapacitadas, muchas de ellas fueron timadas y ni siquiera ahora lo saben.

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