Aplazado el juicio del narcosubmarino gallego por incomparecencia del piloto

Vigo.- El juicio a siete de los detenidos por el transporte de una tonelada de cocaína en el interior de un submarino en la ría de Vigo en agosto de 2006 ha quedado aplazado al 31 de marzo y 1 de abril por la incomparecencia hoy del piloto del sumergible, sobre quien se ha decretado una orden de busca y captura.

El resto comparecieron en la Sala Quinta de la Audiencia Provincial los otros seis detenidos en una operación que se desarrolló simultáneamente en varios puntos de la provincia de Pontevedra, además de en Estepona, Ulldecona (Tarragona), Sevilla y Majadahonda.

Las detenciones se produjeron después de que el 13 de agosto de 2006 la Policía apresara un submarino de fabricación casera, de 11 metros de eslora y unos 2 de manga, similar al utilizado por los carteles de cocaína en Colombia, que apareció abandonado en la ría de Vigo, encendido y con 4.400 litros de carburante en el depósito.

Asimismo, fue requisado un velero que navegaba próximo al submarino en labores de apoyo.

La intención de la red desarticulada era introducir la droga en Galicia a través del vehículo sumergible, realizado en acero y con capacidad para navegar a escasos metros de profundidad con un tripulante a bordo.

El fiscal Luis Uriarte explicó en declaraciones a los periodistas que el juicio se celebrará definitivamente en la nueva fecha fijada, independientemente de si comparece o no el piloto del submarino, Juan Carlos G., que, en el segundo de los casos, se le declararía en rebeldía.

Fernando Rubianes, abogado de uno de los acusados, indicó que el conductor del submarino, que lo dejó abandonado en medio de la ría de Vigo porque desconfiaba de su seguridad tras un primer intento de inmersión fallido, no compareció por un defecto de la citación, pero que sí lo hizo su representante legal.

Ese defecto, según indicó luego el fiscal, es que no pudo ser citado porque no estaba en el domicilio que indicó a las instancias judiciales.

El fiscal adelantó la posibilidad de que los acusados reconozcan los hechos habida cuenta de que la calificación, que solicita penas de prisión que suman 121 años, debe ser modificada por la reforma del Código Penal.