Alicante, 22 dic.- El juez de la pieza separada del caso Brugal sobre el supuesto amaño en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante ha aplazado la declaración de los tres testigos previstos para hoy ante la imposibilidad técnica de escuchar las intervenciones telefónicas de la operación.
Los tres testigos son empleados de la empresa del constructor imputado Enrique Ortiz, al que la investigación considera principal beneficiado por las irregularidades en torno al PGOU.
Fuentes jurídicas han indicado a EFE que el primero de los testigos, el exdirector general del suelo del grupo de Ortiz Javier Llorens, se disponía a iniciar la declaración cuando la representación letrada del constructor pidió oír el contenido de las grabaciones telefónicas, a lo que se adhirieron otras de las partes.
Al comprobar el titular del juzgado de instrucción número 5, Manrique Tejada, la imposibilidad técnica de escuchar las intervenciones telefónicas policiales, se acordó aplazar la declaración de Llorens y las de los otros dos testigos previstos para hoy, los empleados de Ortiz Luis Perea y Luis Miguel Sirvent.
Estos tres tendrán que volver en una fecha posterior al 10 de enero, cuando están previstas las citaciones del hijo del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, Otto Luis Díaz, así como de Carlos Parodi y de Julia Castelló, asistenta de la actual alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo.
En esta pieza del Brugal se investigan las supuestas ilegalidades en el PGOU de Alicante a favor del citado Ortiz, que es uno de los imputados, y aparecen como implicados el exalcalde Díaz Alperi y su sucesora y actual regidora Castedo, ambos del PP.
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