La comisión de investigación sobre el 'caso ERE' da inicio este martes en el Parlamento andaluz. Ahí comparecerán los implicados en esta supuesta trama de corrupción, que se retrotrae hasta el año 2001, cuando la Junta comenzó a subvencionar prejubilaciones y empresas en crisis.
Durante una década, se destinó dinero de las arcas públicas para ayudar a empresas y trabajadores. Según un informe de la Cámara de Cuentas, el fondo ascendió a 1.217 millones de euros.
De esa cifra, 1.076 millones sirvieron para subvencionar los EREs, y 141 millones para la estructuración de empresas en crisis.
Sin embargo, en ese expediente de regulación de empleo hubo varias irregularidades. Se incluyeron falsos prejubilados y hubo trabajadores que cobraron una prejubilación mayor que la que les correspondía. También se descubrió que había trabajadores intrusos; es decir, jamás habían trabajado para las empresas beneficiadas. Todo apuntaba a que el PSOE andaluz había hecho un mal uso de ese dinero público.
En concreto, la investigación de la Consejería de Empleo calculó que el 1,12% del fondo, es decir, nueve millones de euros, acabó en esas falsas prejubilaciones. Sin embargo, el PP no se fía de estos datos y cree que todo el fondo empleó de forma fraudulenta.
Tras dos años de instrucción penal del caso, el 20 de junio arrancó por fin la investigación política, con un calendario de comparecencias que comienza este martes y acaba el 31 de agosto. ¿Por qué ha tardado tanto en comenzar la investigación política?
Trabas para crear la comisión de investigación: el PSOE se negaba
A pesar de que el PSOE se negó a crear una comisión de investigación para los ERE, tras las elecciones autonómicas de 2012, el Parlamento tuvo que crear esta comisión. Desde marzo, el PSOE andaluz ya no gozaba de la mayoría absoluta que hasta entonces le había permitido eludir esta decisión.
Para gobernar con IU, el PSOE debía crear esta comisión. Era una de las condiciones del pacto.
¿Por qué al PSOE no le interesa crear esta comisión? Tanto el PP como IU creen que si José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, se negó es porque el propio presidente de la Junta estaría implicado en la trama. Griñán se justificó diciendo que una comisión convertiría al Parlamento en "altavoz de los intereses partidistas".
¿Quiénes comparecen?
Las primeras personas que comparecerán, el este martes, serán el exdiputado andaluz del PSOE Ramón Díaz, el exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet y el exasesor de la Consejería de Empleo Antonio Diz-Lois.
Ya el miércoles lo hará Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo, que se encuentra en prisión desde el pasado 8 de marzo. Es el único imputado en la cárcel, tras la salida de su chófer y de Antonio Fernández.
A Javier Guerrero se le acusa de conceder ayudas públicas "de manera manifiestamente injusta y arbitraria" para "favorecer a familiares, amigos o personas próximas" a su entorno o al de "altos cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE".
También comparecerán José Antonio Viera -consejero de Empleo entre 2000 y 2004 y al que el informe policial señala un "papel esencial" en la trama-, su sucesor en el cargo Antonio Fernández, Juan Márquez o Daniel Rivera -ambos fueron directores generales de Trabajo-, entre otros.
Pero los platos fuertes llegan la semana siguiente. En concreto, el 31 de agosto, cuando sea el turno de que el expresidente de la Junta, Manuel Chaves, y el actual, José Antonio Griñán, tengan que dar las respectivas explicaciones sobre el caso de los EREs.
El actual presidente asegura que va a demostrar que muchas cosas que ha dicho el PP son "falsas e inciertas", y que los procedimientos que se utilizaron para aprobar las ayudas estaban contemplados en la ley y fueron aprobados por el Parlamento.
Los exministros del PP Javier Arenas y Eduardo Zaplana también comparecerán, el día 30.
La cita es obligada... salvo casos justificados
El presidente de la comisión, Ignacio García (IU), ha recordado que todos los citados tienen la obligación de concurrir, salvo los casos justificados, para no incurrir en un delito de desobediencia, aunque los imputados pueden acogerse al derecho a no declarar.
De hecho, el exgerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, se va a acoger a esta última opción, algo que ya anunciado que hará Antonio Diz-Lois y que se espera que también haga Ramón Díaz, exparlamentario andaluz por el PSOE e imputado como asesor de la Consejería de Empleo.
El socialista Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde de Cazalla de la Sierra, no acudirá en las fechas previstas porque no ha podido ser localizado. La exconsejera de Economía, Magdalena Álvarez, tampoco lo hará por problemas de agenda.
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