Tras seis intentos en 17 días, la legislatura unicameral juramentó a los nuevos jueces, ocho de los cuales son del opositor Partido Liberal y siete del oficialista Nacional.
La elección fue posible por el apoyo de tres diputados del Partido Anticorrupción, sin los cuales no era posible superar la mayoría calificada de 86 votos entre los 128 congresistas.
Los magistrados liberales son Edgardo Cáceres, María Castro, Alma Guzmán, Jorge Serrano, Reina Hércules, Wilfredo Méndez y Rina Alvarado. Y los nacionalistas Reynaldo Hernández, Rolando Argueta, Edwin Ortez, Rafael Bustillo, José Rodríguez, Lidia Álvarez, Miguel Pineda y Jorge Zelaya. Son cinco mujeres y 10 hombres.
Dos legisladores del izquierdista partido Libertad y Refundación (Libre) votaron a favor de los candidatos, mientras que los 29 restantes mantuvieron su posición de las seis votaciones anteriores y marcaron no en la papeleta.
El líder de Libre es el depuesto ex presidente Manuel Zelaya, quien desde el principio rechazó el proceso para escoger a los juristas.
Zelaya criticó el escrutinio de "pastel repartido por el bipartidismo", en alusión a los dos partidos históricos hondureños. Zelaya fue derrocado en junio de 2009 por impulsar una ley que abriría las puertas a la reelección presidencial, prohibida por la Constitución.
Los magistrados fueron seleccionados en una inédita votación individual, directa y secreta, aunque algunos de los legisladores mostraron su papeleta al público antes de depositarla en la urna de vidrio.
Los jueces de la Corte Suprema son escogidos de un listado de 45 profesionales del derecho y depurado previamente por un organismo integrado por representantes de 13 instituciones privadas y públicas.
Como el Congreso lo integran diputados de siete partidos, de los que el Nacional, con 48 no tiene mayoría, está obligado a hacer alianzas con la oposición en algunas iniciativas de ley.
Los nuevos jueves reemplazaron a sus colegas que concluyeron el 25 de enero su gestión de siete años.
Los partidos opositores atribuyeron la demora del Congreso en designar a los jueces al presidente Juan Orlando Hernández, a quien acusaban de intentar imponer a sus candidatos.
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