Bachelet impulsa revisión a cuestionado sistema privado de pensiones en Chile

Santiago de Chile, 29 abr.- La presidenta chilena, Michelle Bachelet, firmó hoy un decreto que crea una comisión encargada de revisar el sistema de pensiones privado vigente en el país desde hace más de 30 años y que ha despertado progresivas críticas debido a las bajas rentas que paga los jubilados.

"Hoy convocamos a un grupo de expertos nacionales e internacionales para que estudie a fondo nuestro sistema de previsión social y que haga una propuesta contundente respecto de cuáles son los cambios necesarios", dijo Bachelet en la sede de Gobierno.

"Hay trabajadores que aún habiendo cotizado toda su vida laboral, finalmente terminan teniendo pensiones insuficientes", precisó.

El sistema de jubilación chileno se reformó a principios de la década de 1980, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, cuando se crearon las administradoras de fondos de pensiones (AFP) privadas, que reemplazaron a las antiguas entidades estatales y sectoriales encargadas del pago de pensiones.

La modificación implicó pasar de un sistema solidario o de "reparto", donde se acumulaban en un fondo común los aportes de los trabajadores para su retiro, a uno de capitalización individual, que opera como una cuenta de ahorro personal a partir del aporte obligatorio del 10 % de la renta mensual.

Según los cálculos iniciales, los recursos manejados por las AFP deberían alcanzar una rentabilidad lo suficientemente alta para permitir a los trabajadores cobrar una pensión equivalente a un 70 u 80 % de los ingresos que percibía al momento de jubilarse.

No obstante, un porcentaje importante de los asalariados que han dejado su vida laboral activa en los últimos años perciben pensiones muy inferiores a lo que eran sus sueldos.

Los resultados del régimen de capitalización individual sólo se han comenzado a percibir en la última década, ya que cuando se crearon las AFP los trabajadores que estaban cercanos a jubilarse debieron permanecer obligatoriamente en el sistema antiguo y sus pensiones son pagadas por el Estado hasta el día de hoy.

Bachelet señaló que la comisión deberá entregar en enero de 2015 "propuestas concretas para hacernos cargo de las deficiencias de nuestro sistema previsional".

Indicó también que la comisión escuchará las opiniones de representantes del mundo laboral, empresarial, de las AFP, compañías de seguros, organismos internacionales, asociaciones de pensionados y expertos.

"Hoy, a más de 30 años (de instaurado el sistema) es un deber revisar si ha cumplido o no la promesa con la que se puso fin al sistema de reparto", aseguró la gobernante.

La multisindical Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha planteado como una de sus demandas laborales la reforma del actual sistema.

"La CUT está por la construcción de un nuevo sistema de pensiones para Chile", dijo su presidenta, Bárbara Figueroa.

Sin embargo, no existe consenso entre políticos ni expertos sobre cuál sería la mejor alternativa para reemplazar a las AFP, que a marzo de este año acumulaban fondos por 89.144.497 millones de pesos, unos 159.000 millones de dólares.

Entre las alternativas que se han planteado está la creación de un sistema mixto, con aportes de los trabajadores, empleadores y el Estado, que distribuya la carga del pago de pensiones.

También se ha propuesto mantener el sistema de capitalización individual elevando la tasa de cotización obligatoria, o aumentar la edad de jubilación, que actualmente es de 60 años para las mujeres y de 65 para los hombres.

El retorno al sistema de reparto también está sobre la mesa, pero economistas de diversas tendencias lo consideran inviable debido al envejecimiento que ha experimentado en las últimas décadas la población chilena, lo que se ha traducido en que los trabajadores activos crecen a un ritmo inferior a los pasivos.

Por ahora, el Gobierno de Bachelet sólo se ha comprometido a la creación de una AFP estatal, que introduzca mayor competitividad al sistema que actualmente es operado por sólo seis compañías.

En 2008, durante su primer mandato, Bachelet ya impulsó una reforma previsional, a través de la creación de una jubilación básica financiada con recursos fiscales, para garantizar un ingreso mínimo a las personas que no estaban cubiertas por el sistema formal o que percibían pensiones extremadamente bajas.