Bachelet posterga inicio de proceso para cambiar la Constitución de Pinochet

En medio de la crisis de confianza que azota a su gobierno tras el estallido del escándalo de eventual corrupción que involucra a su hijo, Bachelet había anunciado que en septiembre se iniciarían una serie de debates tendientes a definir el proceso para cambiar la carta magna que en 1980 elaboró la dictadura de Pinochet.

"Quiero anunciar que en septiembre, mes de Chile, daremos inicio al Proceso Constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana", dijo Bachelet en un una cadena nacional de radio y televisión, el pasado 29 de abril.

Pero a una semana de que venciera el plazo que ella se impuso, su gobierno anunció que el proceso se postergaba por "algunas semanas", según dijo el portavoz oficial Marcelo Díaz, sin entregar más precisiones.

"Nos corresponde esperar su regreso (desde Nueva York, donde Bachelet asistirá a la Asamblea de Naciones Unidas) para definir con ella el cronograma específico", agregó el portavoz, en una declaración en el palacio de Gobierno.

El cambio a la Constitución está incluido en el programa de Gobierno con el que Bachelet accedió al poder en marzo de 2014, pero existen dudas acerca de si podrá concretarlo en medio de una serie de reformas sociales que lleva adelante, a lo que se han sumado durante este año una seguidilla de catástrofes naturales, entre ellas un terremoto de 8,3 de magnitud que la semana pasada azotó al centro y norte de Chile, dejando un saldo de 13 muertos.

Aprobada en un cuestionado plebiscito, la Constitución de Pinochet ha sufrido algunas modificaciones en estos 25 años de democracia, pero hasta ahora no se había planteado ninguna iniciativa para erradicarla completamente.

Bachelet afronta la más baja popularidad para un mandatario chileno desde el retorno a la democracia en 1990 (22%) luego de que su hijo mayor, Sebastián Dávalos, y su nuera Natalia Compagnon fueran investigados por la justicia por el "uso de información privilegiada" y "tráfico de influencia" tras una millonaria compra y venta de terrenos en el sur de Chile.

Pa/ep