Barberá presenta una moción para interponer una querella de prevaricación contra Sinde

  • Valencia.- La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha presentado hoy una moción para interponer una querella criminal por delito de prevaricación y usurpación de atribuciones contra la Ministra de Cultura, María Ángeles González-Sinde y aquellas personas que puedan ser responsables en la comisión de la actividad delictiva.

El Consell acuerda el inicio de acciones penales contra Sinde por la orden de paralizar el Cabanyal
El Consell acuerda el inicio de acciones penales contra Sinde por la orden de paralizar el Cabanyal

Valencia.- La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha presentado hoy una moción para interponer una querella criminal por delito de prevaricación y usurpación de atribuciones contra la Ministra de Cultura, María Ángeles González-Sinde y aquellas personas que puedan ser responsables en la comisión de la actividad delictiva.

Esta moción, que ha sido aprobada hoy por la Junta de Gobierno Local, nace como "consecuencia de la arbitrariedad" de la orden ministerial emitida por el Ministerio de Cultura Orden el 29 de diciembre de 2009 que declara "expolio" y paraliza el plan municipal de reforma del barrio del Cabanyal.

Estas actuaciones se basan en el dictamen encargado por la Generalitat Valenciana y el Consistorio al catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid Santiago Muñoz Machado sobre la orden que suspendió el plan que pretendía ampliar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar.

Con dicha moción, el ente municipal autoriza "el ejercicio de acciones penales mediante la interposición de denuncia o querella criminal, así como su seguimiento por todos sus trámites e instancias, por delito de prevaricación, por delito de usurpación de atribuciones o por cualquier otro delito que pudiera entenderse cometido".

"Contra la Ministra de Cultura, María Ángeles González-Sinde, como contra aquellas otras personas que puedan resultar responsables en cualquier grado de participación en la comisión de la actividad delictiva, bien por habérsela ordenado, bien por haber intervenido en su ejecución", reza el documento presentado.

"Se quiere controlar todo por parte del Gobierno, hay sensación de persecución", ha señalado Barberá, para quien, en el trasfondo de todo, se sitúa un situación de "inseguridad jurídica" y "arbitrariedad".

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