Batalla legal en Noruega para recluir al mulá Krekar

Copenhague, 2 feb.- Las autoridades noruegas y el mulá Krekar, antiguo líder del grupo kurdo integrista Ansar al-Islam, mantienen abierta una batalla legal tras la decisión del Gobierno de recluirlo de forma indefinida en un centro de refugiados ante la imposibilidad de expulsarlo del país a corto plazo.

Najmudd'in Ahmad Faraj, como se llama el mulá y que llegó como refugiado a Noruega en 1991, tiene una orden de expulsión en firme desde 2007 por ser una amenaza para la seguridad nacional.

Pero la orden contra el mulá, al que EEUU vinculó en 2002 con atentados contra tropas estadounidenses en Irak y que está incluido en la lista de terroristas de la ONU, no se puede aplicar por el riesgo de sufrir tortura o ser ejecutado en Irak, su país de origen.

Krekar, de 58 años, salió hace una semana de la cárcel tras cumplir una pena de dos años y diez meses por un delito de amenazas graves contra varios kurdos residentes en Noruega y contra la líder conservadora Erna Solberg, actual jefa de gobierno e impulsora en su época como ministra de la orden de expulsión contra el mulá.

Días antes de su liberación, el Ministerio de Justicia aprobó una nueva directiva apoyándose en una reciente reforma de las leyes de extranjería, que permite que personas en la situación de Krekar estén obligadas a residir en una localidad concreta y a notificar su paradero de forma regular hasta ser expulsados.

La Policía de Oslo, donde Krekar residía con su familia, decidió enviarlo al centro de refugiados de Kyrksæterøra, 500 kilómetros al norte de la capital, una decisión recurrida por el mulá pero que hoy ha recibido el visto bueno provisional de los tribunales.

El fallo, que ha sido apelado a la Audiencia Nacional, señala que no hay pruebas de que la directiva fuera aprobada sólo para el mulá, aunque sea la única persona afectada, y descarta un abuso de poder, además de resaltar la peligrosidad de Krekar.

La actuación del Gobierno noruego y sobre todo del ministro de Justicia, el ultranacionalista Anders Anundsen, ha recibido sin embargo críticas de variados sectores las últimas semanas.

Varios de los principales expertos noruegos en derecho publicaron hace unos días un artículo en el diario "Aftenposten" denunciando que la norma viola la Constitución de este país nórdico y las convenciones de derechos humanos.

Krekar lleva una década desvinculado de Ansar al-Islam y ha perdido mucha relevancia, como ha reconocido el propio instituto de investigación del Ministerio de Defensa noruego.

Los servicios de inteligencia señalaron en cambio en la vista de la semana pasada que todavía es una amenaza, y alertaron de su rol como mentor de jóvenes islamistas noruegos.

Entre las pruebas aludidas se mencionaron textos en árabe escritos supuestamente por Krekar en su celda, aunque no fueron mostrados, y en los que se hablaba de "liquidar" a enemigos.

Krekar, que comparó el sistema carcelario noruego con el de Corea del Norte, negó ser el autor de los textos y aseguró que sólo escribe en kurdo y sobre historia, religión, filosofía y poesía.

La situación del mulá ha sido fuente de polémica continua en la última década en Noruega, y su expulsión, un caso de estado para el ultranacionalista Partido del Progreso, que desde octubre de 2013 es el aliado menor en la coalición de gobierno con los conservadores.

La líder ultranacionalista y ahora ministra de Finanzas, Siv Jensen, reiteró recientemente unas declaraciones de hace seis años en las que admitía estar dispuesta a dejar a un lado las convenciones de derechos humanos en el caso de Krekar.

"Es insostenible que personas que son una amenaza para Noruega y los intereses noruegos puedan caminar libres", dijo estos días Anundsen, compañero suyo en esta formación de corte xenófobo.

Pese a que expulsar al mulá de Noruega era prioridad del nuevo Gobierno, Solberg ha admitido que esa opción no es factible a corto plazo, porque Irak no puede dar garantías sobre su seguridad.

Según publicó hoy el diario "Aftenposten", el Gobierno noruego lleva negociando desde hace un año su extradición a Italia y anteriores administraciones intentaron sin éxito un acuerdo con Suiza y Alemania, países donde también ha estado involucrado en investigaciones sobre terrorismo islámico.