Bravo defiende la legalidad de que altos cargos reciban ayudas sociales en virtud de un acuerdo de Pleno de 2004

Otra cosa es "la consideración de que personal directivo tenga derecho a las mismas prestaciones que el resto de personal funcionario con retribuciones muy inferiores"

MADRID, 24 ( EUROPA PRESS)

El delegado de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo, ha defendido este jueves la legalidad tras un acuerdo de Pleno de 2004 de que altos cargos y directivos reciban ayudas sociales --como el pago de pequeñas cantidades destinadas a la formación de los hijos o para la adquisición del abono transporte-- y ha asegurado que la misma situación se produce tanto en la Comunidad como en el Estado.

Bravo ha afirmado en la comisión de Hacienda que el convenio colectivo "expresamente excluye al personal directivo" del ámbito de aplicación de este tipo de ayudas, lo que no implica que dicha concesión sea ilegal, como aseguraba CC.OO., ya que "hay otras normas que puedan amparar esa decisión".

Concretamente un acuerdo de Pleno de julio de 2004 establece en su artículo 33, punto 4, bajo el epígrafe 'Prestaciones Sociales', que "los titulares de los órganos directivos tendrán derecho a las prestaciones sociales reconocidas a los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid" añadiendo que ese derecho "se ejercerá en los términos y condiciones establecidos en los correspondientes acuerdos sobre condiciones de trabajo y convenios colectivos aplicables a los mismos en los términos en los que se regule esos beneficios para los funcionarios públicos".

En definitiva, que dichas prestaciones sociales al personal directivo se aplican por "acuerdo del Pleno". También ha echado por tierra los "rumores" sobre las concesiones, como los ha definido el portavoz de Hacienda de IU, Daniel Morcillo, ya que desde 2004 es pública la relación de cargos públicos beneficiados con esta medida.

"La relación de beneficiados es pública, es perfectamente legal. Otra cosa es la consideración de que personal directivo tenga derecho a las mismas prestaciones que el resto de personal funcionario con retribuciones muy inferiores", ha manifestado el 'popular' tras recordar que la misma situación se da en la Comunidad de Madrid y en el Estado.

En este punto, el concejal ha propuesto a IU, la formación que ha llevado la pregunta a la comisión, cuestionar si con niveles de renta diferente se tenga que pagar el mismo precio en las instalaciones deportivas, por ejemplo. Ante esto, el concejal de IU Daniel Morcillo ha dado la bienvenida a Bravo al "club de las teorías marxistas" para criticar, a renglón seguido, que haya trabajadores "de un nivel y de otro y que cuando interesa son todos iguales y cuando no, no".

Para Morcillo, se trata de una cuestión "casi de moralidad" poniendo sobre la mesa su miedo a que el Ayuntamiento "ampare un terreno peligroso" en el que unos trabajadores tengan más derechos y privilegios que otros.