C.Europa dice a España que las medidas de austeridad socavan derechos humanos

Estrasburgo (Francia), 9 oct.- El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, aseguró hoy que "los recortes efectuados en presupuestos sociales, educativos y de salud han conducido al preocupante incremento de la pobreza de las familias en España".

Además, indicó que esos recortes "tienen repercusiones desfavorables en el disfrute de los derechos humanos", según un comunicado de la organización.

Muiznieks, que hizo público hoy el informe de su visita a España el pasado mes de junio, asegura en el texto que los más perjudicados por esa situación son los niños, los jóvenes y los discapacitados, y pide para ellos una "protección especial".

Se deberían aprovechar los períodos de crisis "como oportunidad para ajustar sus sistemas nacionales de derechos humanos" y "mejorar la eficiencia de los sistemas nacionales de seguridad social", según el comisario europeo en su informe.

En este sentido, el texto dice que "España debería asegurar una protección social mínima para todos".

El comisario pide alojamientos alternativos cuando se produzcan desahucios de familias con hijos y que "no se excluya a ningún niño de la atención sanitaria independientemente de la situación legal de sus padres".

Muiznieks alienta al Gobierno a que España se adhiera a la Carta Social Europea (revisada) y a su sistema de reclamaciones colectivas, que pueden "prevenir el aumento de la tensión social y el menoscabo de los derechos sociales y económicos".

En el informe se muestra la preocupación por los recortes presupuestarios, de entre un 14,4 % y un 21,4 %, en el ámbito de la Educación durante los últimos 3 años, que afecta a la igualad de oportunidades.

También pide a las autoridades que reconsideren la supresión de la asignatura de Educación en derechos humanos, "instrumento esencial para promover el respeto por el pluralismo, los valores de la democracia y el Estado de derecho".

El comisario europeo destaca en el informe que 100.000 discapacitados carecen de hogar, que sólo entre el 1 % y el 4 % de ellos se beneficia de la Ley de Autonomía y que 800.000 no pueden ejercer su derecho al voto.

En declaraciones a Efe, precisó que se ha hecho "un trabajo excelente con los discapacitados en las dos últimas décadas". Elogia por ello las mejoras para proteger los derechos humanos de los 3,8 millones de personas con discapacidad, en especial la Ley de Dependencia.

Muiznieks también aborda en el informe algunos casos de violencia policial. Expresa su preocupación por el uso de balas de goma en las manifestaciones contra los recortes y la dificultad para la identificación de los agentes de policía.

Así, pide que el nuevo modelo de identificación de la Policía Nacional sirva de modelo para el resto de fuerzas del orden.

El informe solicita al Gobierno que "erradique la detención incomunicada, porque genera más violaciones de derechos humanos".

Además, pide al Ejecutivo español que "ponga fin a la práctica de conceder indultos a miembros de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley que hayan cometido graves vulneraciones de derechos humanos, tales como la tortura".

Muiznieks aseguró a Efe que España tiene una estructura nacional "muy fuerte" en protección de derechos humanos y destacó la labor del "excelente" trabajo que realizan las numerosas ONG implantadas en España.

Durante su visita a Madrid y Sevilla, Muiznieks se entrevistó, entre otros, con la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato; el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román; y el subsecretario de Educación, Cultura y Deportes, Fernando Benzo.

Además mantuvo reuniones con el director general de la Policía, Ignacio Cosidó; el embajador para los Derechos Humanos, Juan Manuel Cabrera; las delegadas del Gobierno andaluz, María del Mar Moreno y María Jesús Montero Cuadrado; y los defensores del Pueblo de España y de Andalucía, Soledad Becerril y José Chamizo, respectivamente.