Cae en albacete una banda que tenía esclavizados a rumanos que trabajaban en el campo

La Guardia Civil ha desarticulado en Albacete una banda que se dedicaba a la explotación laboral de ciudadanos procedentes de Rumanía. Un total de 72 personas naturales de este país permanecían hacinadas en varios pisos.

Según informó el Instituto Armado, como responsables de esta trama se ha detenido a 14 personas afincadas en España y se ha imputado a otras tres residentes en Rumanía, por retener contra su voluntad a sus víctimas y obligarlas a trabajar y vivir en pésimas condiciones.
La organización captaba a las víctimas en Rumanía, mediante anuncios en prensa, buzoneo o boca a boca, con la promesa de un trabajo en España altamente remunerado.
Las investigaciones se iniciaron en el mes de agosto del año 2011, cuando un familiar de una de las víctimas presentó denuncia en la localidad alicantina de Benidorm. Esta persona reveló que una familia se encontraba retenida contra su voluntad y era explotada laboralmente por un grupo de personas de nacionalidad rumana en una vivienda de la localidad de La Roda (Albacete).
ANUNCIOS EN PRENSA
El denunciante comunicaba que dicha información la había recibido directamente de la víctima, que logró hacerse con un teléfono móvil aprovechando un descuido de sus captores.
Las gestiones practicadas por la Guardia Civil permitieron localizar a la persona, que estaba siendo retenida en contra de su voluntad. Tras tomarle declaración, se pudo localizar en diferentes puntos del territorio nacional y en Rumania a más víctimas que estaban siendo explotadas laboralmente y retenidas en contra de su voluntad, todas ellas de nacionalidad rumana.
Los agentes mediante una Comisión Rogatoria Internacional y apoyados por la Diicot (Fiscalía Especial contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo en Rumania), se trasladaron a las localidades rumanas de Bucarest, Brasov, Craiova y Ploiest (Rumania), donde conjuntamente con la Policía de Rumania se pudo identificar a los integrantes de la organización criminal en ese país.
Posteriormente, la Guardia Civil puso de manifiesto que los integrantes de la organización captaban a sus víctimas en Rumania, mediante anuncios en prensa, buzoneo o boca a boca, con la promesa de un trabajo en España altamente remunerado y sin especialización.
FALSO CONTRATO
Todo ello se formalizaba en un contrato firmado en presencia de un abogado para dar más apariencia de legalidad. Además prometían alojamiento, manutención, traslados y documentación en España sin cargo alguno.
Cuando la organización captaba a un determinado número de víctimas, formaba grupos para trasladarlas a España en autobús o microbús, siempre acompañados por miembros de la organización, donde posteriormente eran entregadas a los encargados en España para custodiarlas y llevarlas a los lugares de trabajo.
A continuación, la red exigía a las víctimas los gastos ocasionados por los traslados, manutención, alojamiento y obtención de documentación en nuestro país, consiguiendo de esta forma que adquirieran una deuda con los miembros de la organización que tenían que saldar con el trabajo diario. En algunos casos, la organización exigía a las víctimas 600 euros por la inscripción en España, en el registro de ciudadanos de la Unión Europea.
Una vez en España, las víctimas eran alojados en viviendas alquiladas por la organización criminal, en pésimas condiciones de salubridad. Llegaban a albergar un mismo domicilio a 30 personas y en una de las viviendas la bañera era utilizada como cama. Las víctimas eran sometidas a jornadas laborales de sol a sol en campañas agrícolas, en las que eran objeto de amenazas y agresiones por parte de los miembros que se encargaban de su vigilancia.