Lima, 11 nov.- Los campesinos que se oponen a la minería en la provincia de Andahuaylas, en el sur andino de Perú, se negaron hoy a suspender el paro que iniciaron hace más de una semana para negociar sus exigencias con el Gobierno.
Los manifestantes, que el jueves se enfrentaron de manera violenta con la policía, con un saldo de decenas de heridos, rechazaron un acta suscrita por sus dirigentes con una comisión del Gobierno, que ofreció estudiar su exigencia de que se prohíba la minería en su región.
El alcalde provincial de Andahuaylas, Oscar Rojas, afirmó a la emisora Radio Programas del Perú (RPP) que el documento fue suscrito por los ministros de Agricultura, Miguel Caillaux, y de Energía y Minas, Carlos Herrera, y el viceministro del Ambiente, José de Echave.
El viceministro suscribió el documento junto a las autoridades de Andahuaylas, mientras que Caillaux y Herrera lo hicieron desde Lima, según confirmó a Efe un portavoz del Ministerio de Energía y Minas.
Tras analizar el documento, los integrantes de la Junta de Usuarios de Riego de Andahuaylas decidieron rechazar el acuerdo y emitieron otro documento en el que declararon persona no grata al congresista fujimorista Antonio Medina y solicitaron la renuncia del subgerente de la región, Melvin Peralta.
También anunciaron que formarán un comité para lograr la revocatoria de Elías Segovia, el presidente regional de Apurímac, en cuya jurisdicción se encuentra Andahuaylas.
Los enfrentamientos entre agricultores que se oponen a las concesiones mineras y la policía dejaron ayer, al menos, ochenta heridos, dos de ellos de gravedad.
Los choques se produjeron después de que fracasara el diálogo iniciado por una comisión gubernamental que llegó a la zona presidida por el ministro Caillaux.
Los huelguistas de las provincias de Andahuaylas y Chincheros exigen que su territorio sea declarado libre de minería con la anulación de proyectos de las empresas Ares y Apurímac Ferrum, en fase de exploración, y de la minería ilegal.
Elías Segovia afirmó ayer a Efe que hace falta una mayor coordinación entre el Gobierno central y el local para solucionar los reclamos, ya que existen más de 500 concesiones mineras en todo Apurímac que, en su mayoría, se encuentran en fase de exploración. EFECOM.
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