Campesinos exigen disculpa al Estado colombiano por dudar que son desplazados

Bogotá, 14 dic.- Casi un centenar de campesinos de la hacienda de Las Pavas, del sur del departamento caribeño de Bolívar, viajaron hoy a Bogotá para exigirle una disculpa a funcionarios del Estado colombiano por haber puesto en duda su condición de desplazados.

Reunidos desde primeras horas del miércoles en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá, los trabajadores del campo de este lugar de la llamada depresión momposina recordaron que en 2003 los paramilitares les despojaron de un terreno que ahora reclaman en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

"Hemos venido a la capital de Colombia para darle la cara al país y al mundo de que lo que han dicho de nosotros y de las organizaciones acompañantes es una total mentira", dijo a Efe el portavoz de la comunidad de Las Pavas, Eliud Alvear.

Alvear rechazó el contenido de una providencia emitida a principios de mes por una fiscal de Cartagena, en la que ordenó archivar la investigación por desplazamiento forzado en Las Pavas en 2003 al considerar que en ese territorio no hubo despojo masivo, de lo que también se hizo eco la fiscal general, Viviane Morales.

El portavoz explicó que este giro de la fiscal cartagenera se debió a que uno de los denunciantes del desplazamiento en 2009 desmintió recientemente haber sido ultrajado, lo que Alvear atribuyó a un "soborno" orquestado por empresarios para impedir la restitución de tierras a los campesinos y sembrar más palma africana.

Si los campesinos de Las Pavas pierden la calificación de desplazados no podrían recibir el título de una tierra que consideran propia por ocupación, pues no cumplirían los requisitos para ser beneficiados por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que busca resarcir a las víctimas del conflicto.

"Queremos que se nos adjudiquen esas tierras para trabajar tranquilos como quiere todo campesino", declaró Alvear, mientras varios compañeros coreaban consignas en las escaleras de la Catedral Primada de Bogotá y otros reivindicaban una disculpa ante la sede del Ejecutivo, la Casa de Nariño.

De hecho, en ese palacio uno de los afectados se entrevistó con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

La comunidad de Las Pavas contó con el apoyo del portavoz de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes de Colombia, Iván Cepeda, y de víctimas de otras regiones que sufrieron procesos similares.

Cepeda trasladó a los congregados un mensaje de "solidaridad plena" y le pidió al Gobierno colombiano un discurso unificado y respetuoso con las víctimas; solicitó a la Fiscalía que haga una investigación pormenorizada del caso y a los ciudadanos de Bogotá que no le den la espalda a lo que sucede en el campo del país.

"Venimos a darle apoyo a los compañeros porque es la misma causa. Lo mismo que ellos están sufriendo en Las Pavas lo estamos sufriendo nosotros en Curvaradó y Jiguamiandó (departamento del Chocó, noroeste). Venimos a unir fuerzas de lucha", argumentó en declaraciones a Efe la campesina Ligia María Saavedra.

El caso de esta hacienda palmicultora fue revelado después de que la Fiscalía colombiana acometiera una nueva investigación sobre la cifra de víctimas de la masacre paramilitar de Mapiripán (departamento del Meta, centro) en 1997, a raíz de que una demandante reconociera haber mentido.

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh) ha denunciado una campaña de descrédito contra las víctimas y las organizaciones que las representan, a su juicio orientada a quebrar la aplicación de la Ley de Tierras.