Canarias no hará consulta sobre prospecciones si el Constitucional la suspende

En pleno debate sobre la la suspensión del 9N, el Gobierno de Paulino Rivero ya ha fijado la fecha y la pregunta para su consulta sobre prospecciones petrolíferas. Los canarios han sido llamados a las urnas el próximo 23 de noviembre para responder a la cuestión "¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?".

El Gobierno central otorgó la licencia para realizar los sondeos a Repsol. El ministro de Industria, el también canario José Manuel Soria, ha contestado rápidamente a Paulino Rivero avisándole de que su llamada a urnas es ilegal porque no tiene competencias para decidir sobre materia energética. Si el Gobierno recurre la votación al Constitucional, tal y como ha ocurrido con la ley de Consultas de Mas, previsiblemente el TC la suspenderá cautelarmente y de forma automática.

Desde Coalición Canaria (CC), contradicen la hipótesis de Soria y creen que tienen opciones de conseguir su propósito, eso sí, respetando la ley. El comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, asegura que el Ejecutivo canario tendrá "respeto absoluto por lo que diga la Justicia. Esperaremos a que se levante la suspensión". Creen que esta situación puede darse porque el contenido de la pregunta no se sale de las competencias autonómicas. "Hemos preguntado por el modelo medioambiental, no por la energía".

La postura será difícil de mantener pero es el único espacio que le queda a Paulino Rivero.Autonómicas y consulta al mismo tiempo

Si todo sigue según lo previsto, el TC suspenderá la consulta y finalmente no se producirá en noviembre. Los canarios tendrán que esperar al menos cinco meses desde la providencia del Constitucional para tener ocasión de posicionarse a favor o en contra de los sondeos de Repsol. Las urnas podrían sacarse en el mes de marzo del próximo año, a sólo dos meses de unas elecciones regionales.

No tiene sentido convocar una consulta tan próxima a unos comicios, ni tampoco parece previsible que si Rivero tiene el beneplácito del Constitucional para sacar las urnas, aplace ese momento hasta la siguiente legislatura, en la que ya no será presidente autonómico. Fernando Clavijo le derrotó en las primarias de Coalición Canaria. El calendario se aprieta y se podría preguntar a los canarios haciendo coincidir la consulta con las elecciones regionales y municipales de mayo de 2015. La estrategia sería similar a la que se barajó que podría llevar a cabo Artur Mas.La pregunta busca un resquicio legal

Pero para que el alto tribunal permita la consulta, Paulino Rivero debe sortear primero cualquier impedimento legal. Su Gobierno se ha cuidado de no caer en ninguna incompatibilidad judicial. De ahí que la pregunta anunciada hoy sólo atienda al "modelo turístico y medioambiental". Desde CC explican que al igual que ocurre con la educación o la sanidad, estas materias competen tanto a la administración central como a la autonómica. En cambio, si el contenido de la consulta hubiera preguntado directamente sobre la energía o las prospecciones, creen que el proyecto hubiera muerto rápidamente.

La reunión de la que ha salido la pregunta ha durado alrededor de hora y media. En ella han participado el Gobierno regional, partidos políticos, representantes de los cabildos insulares y varias asociaciones de ciudadanos. Según cuenta Ríos a este medio, se han barajado otras preguntas diferentes a la definitiva. Una de ellas pretendía hacer referencia directa a los sondeos de Repsol, algo que es ilegal porque las competencias al respecto son exclusivas del Gobierno central.

También se ha propuesto introducir la palabra "riesgos" en la pregunta, pero han decidido no declinarse por esta opción ya que introduciría un sesgo que induce a votar 'no', explica Ríos, y el programa podría quedar deslegitimado. "El Gobierno ha querido ser imparcial y lo seguirá siendo independientemente de lo que expresen los ciudadanos".

Coalición Canaria es consciente que no podrán parar las prospecciones y las posibles extracciones ni siquiera con la negativa de la ciudadanía canaria. Su única forma de poder pararla es la vía judicial.