El exsuboficial de ejército Froilán Molina, alias el Killer, estaba prófugo de la justicia desde que fuera condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por la justicia boliviana, en un proceso en la década de los 90.
Según Morales, una fuerza policial de 80 policías efectuó la tarde de este domingo una redada de más de dos horas, después de lo que ubicaron una vivienda en la que Molina estaba oculto "en un dormitorio con pared falsa y doble fondo".
Con la detención del exmilitar, "casi estoy seguro que él debe saber dónde está el cuerpo" de Quiroga Santa Cruz, buscado incesantemente durante 35 años por sus familiares, señaló Morales.
"Teníamos información que este señor, que es el autor material del asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, había conducido con vida todavía, después del asalto a la Central Obrera Boliviana (donde fue malherido) al Estado Mayor" de las Fuerzas Armadas.
En agosto pasado, una comisión de fiscales se desplazó a la hacienda del difunto dictador Hugo Banzer para verificar si en el lugar se encuentraban los restos del líder socialista, como declaró el coronel Roberto Meleán, que se encuentra en prisión por la desaparición del Renato Ticona, otra víctima de la dictadura militar.
Según la versión de Meleán, Quiroga Santa Cruz fue enterrado en una caja metálica de piano en una hacienda del exdictador en Santa Cruz (este) luego de haber sido torturado hasta la muerte.
Quiroga Santa Cruz desapareció en una acción paramilitar contra la sede de una central sindical cuando debatía junto a otros líderes políticos las medidas para rechazar el golpe de estado del entonces coronel Luis García Meza, en julio de 1980.
Actualmente García Meza cumple una condena de 30 años sin derecho a indulto en una cárcel de máxima seguridad, hasta 2025. En abril pasado, García Meza pidió entrevistarse con el presidente Morales para ofrecer datos acerca del paradero de los restos de un líder socialista, desaparecido en esa época y, según su versión, sepultado en la hacienda del exdictador Hugo Banzer (1971-78).
En septiembre de 2010, un exministro del Interior, el coronel Luis Arce, hombre fuerte de la dictadura de García Meza, que estuvo en el poder en Bolivia de 1980 a 1981, pidió negociar su condena de 30 años de cárcel a cambio de dar información sobre el paradero de desaparecidos.
La Fiscalía General investiga el paradero de dirigentes de izquierda desaparecidos durante la dictadura de García Meza, y la actuación de grupos paramilitares y económicos que apoyaron el régimen militar.
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