Caso faisán. Las asociaciones de jueces ponen en duda el delito de colaboración con el terrorismo

Las asociaciones de jueces pusieron hoy en duda la conveniencia de procesar a los policías imputados en el "caso Faisán" por el delito de colaboración con el terrorismo, incluido en el auto dictado esta mañana por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
En declaraciones a Servimedia, los portavoces de Jueces por la Democracia y de la Francisco de Vitoria, José Luis Ramírez y Marcelino Sexmero, calificaron esta acusación de "discutible" y "sorprendente", respectivamente. Para el segundo, sólo las de encubrimiento o revelación de secretos tendrían "cierta verosimilitud".
"Es discutible que se afirme que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que llevan muchos años poniendo en riesgo sus vidas para luchar contra el terrorismo, tengan com meta contribuir a las metas de la banda. Es muy discutible que su finalidad fuera contribuir a ello", apuntó Ramírez. "Una cosa es que un policía, en el ámbito de una tregua, no lleve a cabo una detención o realice una llamada telefónica, y otra cosa que colabore con banda armada", apostilló Sexmero.
Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena, sin llegar a deslegitimar la imputación de colaboración con banda armada, señaló a Servimedia que, para que ésta se hubiera producido, tendría que haber ayudado a los terroristas a seguir cometiendo sus delitos, y no sólo permitirles evadir sus responsabilidades por ellos.
EL CONTEXTO
Estos tres jueces, no obstante, mostraron sus discrepancias en torno a la cuestión de si el contexto del proceso de paz en que tuvo lugar el chivatazo, en mayo de 2006, debe influir en la consideración de los presuntos delitos. Para Ramírez, es "absolutamente necesario" enjuiciar las conductas de los procesados en dicho contexto.
Igualmente, Sexmero piensa que "el contexto político debe jugar un papel" a la hora de establecer la culpabilidad de los acusados, puesto que, aparte de la descripción de los hechos, la imputabilidad "ha de tener en cuenta los motivos y los móviles" del chivatazo.
A diferencia de sus compañeros, el portavoz de la APM advirtió de que, en el Código Penal, negociaciones como la que mantuvo el Gobierno con ETA "no aparecen recogidas como circunstancias modificativas de la responsabilidad de los inculpados".
En lo que sí están de acuerdo los representantes de las tres asociaciones mayoritarias de jueces es en que, de acuerdo con el auto del juez Ruz, no existen indicios objetivos para procesar a los responsables políticos del Ministerio del Interior de entonces, Alfredo Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho. No obstante, Llarena no descartó que, durante el juicio, se pueda ampliar la investigación a otras personas.