Santiago de Chile, 25 sep.- El general chileno Manuel Contreras, condenado a más de 300 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, fue castigado con la suspensión de visitas por haber denigrado a los guardias del penal en una entrevista que concedió hace un par de semanas a canales de televisión.
La medida se conoció hoy a través de un informe elaborado por la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago María Loreto Gutiérrez tras inspeccionar el penal Cordillera, de Santiago, donde una decena de antiguos agentes represores cumplen sus condenas.
Contreras afirmó en la entrevista que los gendarmes encargados de su custodia estaban ahí "para llevarle el bastón", expresión que fue considerada "denigrante" por las autoridades carcelarias, que dispusieron que el general no reciba visitas durante una semana.
En la entrevista, enmarcada en el 40 aniversario del golpe militar de 1973, Contreras negó además, por enésima vez, los crímenes cometidos por la DINA, la policía secreta del régimen que él dirigió, y la desaparición forzada de más de un millar de detenidos por el organismo.
La difusión del informe de la fiscal Gutiérrez coincidió además con el revuelo causado por un ágape que supuestamente sería ofrecido hoy a otro de los reclusos, el exbrigadier Miguel Krasnoff, condenado a 144 años de prisión, por sus compañeros del curso militar de 1967.
El Gobierno dijo el martes que el ágape, cuya organización se conoció a través de las redes sociales, no estaba autorizado, mientras la oposición, los familiares de víctimas y otros sectores pidieron el cierre del penal Cordillera, al que consideran más un hotel de lujo que una prisión.
El pasado 19 de septiembre, el presidente Sebastián Piñera insinuó el posible cierre de ese recinto y el traslado de los diez reclusos a Punta Peuco, otra cárcel especial para violadores de los derechos humanos, situada 35 kilómetros al norte de Santiago.
Las autoridades de Gendarmería (servicio de prisiones), suspendieron por esta jornada todas las visitas al penal Cordillera, situado en el sector santiaguino de Peñalolén, para evitar el evento social.
Algunos antiguos militares llegaron al recinto pero debieron retirarse sin poder entrar, mientras un grupo de personas vinculadas a las víctimas de la dictadura se manifestaron frente a la entrada con pancartas y gritaron consignas en demanda de justicia.
El informe de la fiscal revela que el resto de oficiales recluidos se distanciaron de las expresiones de su antiguo jefe y señalaron a las autoridades carcelarias que las mismas "no representan su opinión y no quieren verse perjudicados por ello".
El documento confirma además las "buenas condiciones materiales" en que se encuentran los militares recluidos, que viven "en cinco cabañas que cuentan con servicios higiénicos, duchas, agua caliente, luz natural, buena ventilación, bien equipadas".
Contreras dispone de una cabaña para él solo mientras los demás internos comparten habitación, pero todos tienen acceso a radio, música, televisión, lectura, actividades deportivas y religiosas y autorización para hacer llamadas telefónicas.
En cuanto a la alimentación, "se preparan dietas según el estado de salud de cada uno, supervisada por una nutricionista" y además son atendidos por un médico, un psicólogo, un asistente social, tres paramédicos y un kinesiólogo.
"En casos de emergencia, son trasladados al Hospital Militar, que se encuentra a sólo cinco minutos" de la cárcel, agrega el informe.
De hecho, el general Contreras concurre desde mayo pasado al nosocomio tres días a la semana para ser dializado debido a problemas renales.
Uno de los reclusos, el general Odlanier Mena, condenado a seis años de presidio, disfruta desde 2011 del beneficio de salida durante los fines de semana, mientras los demás, que han solicitado otros beneficios, han tenido respuestas negativas.
Según el informe, algunos de los oficiales, que tienen entre 68 y 86 años, sienten "el abandono de sus abogados" y "no comprenden por qué se les niegan beneficios a los que otros internos pueden acceder".
Según Gendarmería, la negativa se debe a que los oficiales, "según los informes del psicólogo, no tienen conciencia de los delitos que han cometido".
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