Catalá considera ejemplar la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró este jueves que el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) demuestra la “ejemplaridad” del Gobierno, mientras que los partidos de la oposición lo tacharon de “fracaso” del Ejecutivo.
Catalá se expresó de esta manera en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde indicó que no se trata de una “reforma improvisada”, sino que demuestra la “responsabilidad” del Ejecutivo para “agilizar la Justicia”, promover la regeneración democrática y “luchar contra la corrupción”.
El ministro se refirió a los beneficios que conllevará la entrada en vigor de este proyecto de ley, sobre todo en la modernización de los medios. “No podemos seguir con una estructura penal del XIX”, dijo Catalá.
“Es una reforma reflexiva y dialogada con los operadores jurídicos. Esto da respuesta a los principales problemas detectados en nuestro sistema”, celebró el ministro de Justicia, para añadir que, además, la “nueva situación del detenido” será “más garantista”, ya que “se destierra” el término de ‘imputado’, que tiene “carga peyorativa”. “Con esta reforma buscamos la mayor precisión técnica”, explicó.
Catalá se refirió también a la nueva figura del decomiso para “favorecer que en los delitos con trasfondo patrimonial, el Estado trabaje también para recuperar el patrimonio robado”.
“OTRO FRACASO”
El diputado del PSOE Manuel de la Rocha Vázquez, partido que presentó enmienda a la totalidad del texto de la Lecrim, se refirió durante el debate al hecho de que Catalá haya sugerido sancionar a los medios de comunicación por publicar contenidos de investigaciones judiciales, y dijo que se trata de un “intento de limitar” la libertad de comunicación.
Por otro lado, calificó este proyecto de ley como “otro fracaso” del Gobierno, que demuestra que el Ejecutivo improvisa y modifica leyes “de manera acelerada”.
Consideró, además, una medida “temeraria” que las causas que impliquen más procedimientos se terminen porque así lo recoja la ley, y recordó que Catalá ha reconocido que muchas causas se alargan no por la inacción de los trabajadores en los procesos, sino por la falta de medios. “Esta medida es un absoluto despropósito”, agregó.
“REFORMILLA”
El diputado de La Izquierda Plural Gaspar Llamazares, grupo que también presentó una enmienda a la totalidad, tachó de “reformilla” el proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es, a su juicio, un “retoque” de la anterior norma que vendrá acompañado de una “avalancha” de una treintena de leyes antes de que acabe la legislatura.
Para Llamazares, este proyecto de ley está plagado de “eufemismos”, como la agilización de los procedimientos en las macrocausas, en las que, según el diputado de La Izquierda Plural, se utilizará al fiscal “en una suerte de gestor”, o la sustitución del término ‘imputado’ por ‘investigado’.
“Por mucha mordaza, no van conseguir que la ciudadanía perdone”, aseguró Llamazares, para pedirle al ministro que esta ley no se convierta en una “vergüenza” para el conjunto del pueblo español.
“IMPUNIDAD PARA LA CORRUPCIÓN”
El diputado de Compromís-Equo Joan Baldoví afirmó que si el PP legisla, las consecuencias son previsibles, y acusó directamente al partido gobernante de crear “un instrumento de impunidad para la corrupción” con esta ley.
Desde Amaiur, su diputado Iker Urbina lamentó que se dé “carta blanca” a la Policía y dijo que “asustan” las posibilidades que tendrán los agentes con esta norma a la hora de intervenir en la vida privada de las personas investigadas.
La parlamentaria del BNG Olaia Fernández Dávila aseguró que este proyecto de ley sugiere un “tímido cambio”, que no resulta suficiente, y la diputada de ERC Teresa Jordà i Roura manifestó que esta norma pone de manifiesto que el Gobierno ha modificado una ley “desde la más profunda improvisación”, que facilita la “impunidad” de los imputados por corrupción.
Por su parte, Enrique Álvarez Sostres, de Foro Asturias, pidió dotar a los juzgados de los medios necesarios para agilizar los procesos, a través de un proyecto de ley que, consideró, está lleno de “luces y sombras”.