Cataluña. El gobierno deniega el permiso al referéndum por ser "inconciliable" con la constitución


El Gobierno de Mariano Rajoy ha comunicado al Congreso de los Diputados su decisión de denegar la solicitud de Cataluña para convocar un referéndum de independencia, al considerar que se trata de una "competencia estatal" a la que las comunidades no pueden acceder porque sería "inconciliable" con la Constitución de 1978.
Así consta por escrito en un documento que el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha remitido al Congreso de los Diputados ante la Proposición de Ley Orgánica remitida por el Parlamento de Cataluña para que el Ejecutivo ceda a la Generalitat la competencia de convocar consultas ciudadanas.
El Gobierno sostiene que "ni el aspecto formal –la delegación de la competencia- ni el fondo del asunto –el objeto del referéndum que se pretende convocar- tienen cabida en nuestro marco constitucional", por lo que la petición debe ser rechazada.
A su juicio, "la eventual aprobación de la iniciativa en los términos propuestos podría suponer una vulneración de la Constitución en la medida en que con ella se pretende la delegación de una facultad o competencia que por su propia naturaleza no es susceptible de transferencia o delegación".
El Ejecutivo recalca que la convocatoria de un referéndum es "una competencia estatal en sí misma" que no puede ser transferida parcialmente a una región, ya que eso supondría "un vaciamiento completo de la competencia del Estado atribuida por el artículo 149.1.32ª en relación con la materia específica de la celebración de consultas populares".
En este sentido, aduce que "el referéndum está claramente configurado en la Constitución Española como una manifestación del derecho de participación política recogido en el artículo 23 de la Constitución, que goza del carácter de derecho fundamental".
NACIÓN INDISOLUBLE
En cuanto al objeto del referéndum, que pretende consultar a los catalanes sobre su deseo de independizarse del resto de España, el Gobierno asegura que semejante consulta es "inconciliable con el artículo 2, al oponerse frontalmente al propio fundamento de la Constitución, la indisolubilidad de la Nación y la indivisibilidad de la patria de todos los españoles".
Subraya que "las comunidades autónomas carecen, desde la perspectiva constitucional misma, de competencia para adoptar decisiones políticas que afecten directamente en el plano jurídico al conjunto del Estado".
"Admitir la delegación de la facultad de autorización de un referéndum que tiene por objeto que los ciudadanos de Cataluña se pronuncien sobre el futuro político de Cataluña, equivaldría a proclamar que, por su sola decisión unilateral, puede disolverse lo que la Constitución proclama indisoluble y dividirse lo que la Norma Suprema declara indivisible", añade.
Por todo ello, concluye que los referendos consultivos "están previstos en la Constitución sola y únicamente para someter a consulta de los ciudadanos decisiones políticas de especial trascendencia" y, por lo tanto, "no caben consultas meramente especulativas". "Si Cataluña sola, de manera unilateral, no puede decidir jurídicamente su separación de España, tampoco lo puede técnicamente consultar. Y si no puede consultarlo, no puede delegársele la facultad correspondiente", remacha.

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