Chavista y una traición constitucional, así ven los expertos las 'consultas' de Iglesias

Pablo Iglesias siempre ha insistido en que la Constitución cuenta con herramientas para amparar una consulta en Cataluña. Es, en concreto, el artículo 92, que ampara que "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referendum consultivo de todos los ciudadanos".

Así lo recoge también el programa negociador presentado este lunes para tratar de articular su autodenominado "Gobierno de progreso", donde, además, se concreta que ese hipotético referéndum debe contar "con todas las garantías democráticas, jurídicas y logísticas, así como con una pregunta única y clara, que permita fijar la posición de la ciudadanía catalana sobre el futuro político de Cataluña".

No revela en cambio Iglesias que el mismo artículo establece también que esa consulta tendría que ser convocada por el Rey, siempre a propuesta del presidente del Gobierno y requiere de la previa autorización del Congreso de los Diputados. Algo bastante improbable teniendo en cuenta que, en ese caso, habría una mayoría en contra-PP, PSOE, Ciudadanos- a la celebración de una consulta por la autodeterminación.

Tampoco suele destacar el líder de Podemos que, como se deja claro en la ley fundamental, esa consulta sería "no vinculante" jurídicamente. Esto es, que aunque los ciudadanos se pronuncien a favor de la independencia catalana, la decisión final correspondería después a la mayoría parlamentaria.

El partido de Iglesias ha previsto que el PP se encargará de bloquear, con su mayoría en el Senado, cualquier reforma en la Constitución. "Todos los que proponemos cambios en el texto constitucional del 78 sabemos que la Constitución no ofrece un camino fácil para su reforma", admiten en el texto, en el que reprochan al PP que "hasta el momento, solo ha hecho gala de un tozudo inmovilismo".

Para esquivarlo, y abrir el proceso constituyente que proponen, el partido emergente se comprometen a "activar la vía popular". Se basan, para ello, en el citado artículo 92, y en otros dos: el 1, donde se indica que la soberanía recae en el pueblo español, y el 23, que establece que "los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes".

"Existen garantías democráticas previstos en la Constitución española que permiten convocar un referéndum para iniciar el proceso, de modo que la ciudadanía se pueda pronunciar directamente sobre el marco general y el alcance del cambio constitucional a través de una pregunta clara y concisa, acordada entre las distintas formaciones políticas partidarias de abrir un proceso democrático de superación del marco actual", recoge el programa."La Constitución trata de evitar que se cambie por la voluntad de un partido"

"Lo que se propone es una barbaridad de libro", sostiene Rafael Rubio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. "El sistema de reforma constitucional es un sistema agravado en sí mismo que establece unos mecanismos rígidos porque quiere que se generen consensos dentro del Parlamento para reformarla. Por eso, la forma de garantizar que no se reforme es generar unas mayorías reforzada, con tres o más partidos", explica este experto.

Con ello, añade, "lo que intenta la Constitución es precisamente eso, que no se cambie así por así en función de la voluntad política de un partido". "El artículo 92 habla de un referendum consultivo. Al final, siempre habrá una decisión de las cámaras. Lo que es una locura es convertir el referendum en algo obligatorio que luego pueda suplantar esa voluntad", apostilla Rubio.

Añade más: "desde el punto de vista político esto tiene antecedentes, lo hizo Chávez, y lo que hace Podemos es seguir esa vía del popularismo bolivariano. Oponer la voluntad del pueblo a las Cámaras, como si fueran dos cosas distintas. No se puede generar un cuarto poder".

La reforma de la ley fundamental se basa en el artículo 167, que se establece que cualquier reforma debe ser aprobada por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras."No hay límites para preguntar, pero no sería vinculante"

Si esto no sucede, el texto prevé la creación de una Comisión paritaria de Diputados y Senadores, "que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado". Ese texto deberá, no obstante, recibir el voto favorable de la mayoría del Senado para continuar con el proceso en el Congreso, donde requiere de una mayoría de dos tercios. El PP, con mayoría absoluta en esta Cámara, podría tumbar así cualquier reforma.

"Desde el punto de vista constitucional sí se puede hacer un referendum, incluso en una sola parte del territorio", asegura Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, sobre la posibilidad de que los catalanes decidan su nuevo status con el Estado.

Ese referéndum, dice Arbós, podría preguntar sobre cualquier asunto, y por ello, también sobre la independencia. "No hay límites en la Constitución, no hay materias excluidas, otra cosa es la oportunidad y el efecto político del resultado. Cualquier referendum de estas caracaterísticas polarizará inevitablemente la sociedad".

No obstante, como señalaba Rubio, Arbós añade que "ese referendum tendría una fuerza política impresionante, aunque no tiene base constitucional si se entiende que eso es jurídicamente vinculante"."El artículo 92 no ampara una traición a la Constitución"

"Es un disparate. Lo que ocurre es que Podemos tiene que aclararse sobre si lo que quiere es una reforma constitucional o una ruptura con lo anterior y aprobar una Constitución nueva, con el correspondiente proceso constituyente", señala Carlos Vidal, profesor de Derecho Constitucional en la UNED.

Si lo que pretende es esto último, dice, "se tienen que respetar los procedimientos establecidos en la Constitución. Y el artículo 92 no ampara en ningún caso una traición a la Constitución".

"La Constitución hay que leerla entera y respetarla. Otra cosa es que, en el subconsciente de Podemos, creo que lo que pasa es que no respetan la vigencia de la actual Constitución y la consideran ilegítima, por eso intentan un paso mixto entre una reforma y un nuevo proceso constituyente".