China reforma el sistema para los centros de detención para hacer frente a los abusos

Pekín.- El Gobierno chino ha aprobado una nueva normativa para los centros de detención de sospechosos que prohíbe expresamente "insultos y castigos corporales", una iniciativa que surge a raíz de varios casos de muertes o abusos en estas dependencias policiales y judiciales, informó hoy la agencia Xinhua.

La normativa, publicada por el Ministerio de Seguridad Pública, prohíbe al personal de estos centros "confiscar la propiedad de los detenidos" e insta a "proteger a éstos contra insultos, castigos corporales o maltratos".

También reafirma el derecho de los sospechosos de cometer un delito a llamar a sus parientes y reunirse con ellos durante el periodo de detención, algo que no siempre se cumple en la actualidad.

El propósito de la normativa es, según el director del Buró de Prisiones, Zhao Chunguang, "promover un sistema de detenciones seguro y civilizado", en el que "se ponga el mismo énfasis en la educación que en el castigo".

La normativa no será de aplicación inmediata, ya que permite a todos los centros de este tipo en el país asiático que se adapten a ella a lo largo de este año, "antes de 2011".

El documento también exhorta a los funcionarios de estos centros que elaboren programas de educación para los detenidos, "hablen frecuentemente con ellos" y preparen programas especiales de concienciación para los reincidentes.

Organizaciones pro derechos humanos y el relator de las Naciones Unidas Contra la Tortura han denunciado en repetidas ocasiones los abusos que se producen en esos centros de China, donde el uso de la tortura para extraer confesiones y el maltrato a los sospechosos es bastante frecuente.

Especialmente flagrante es el caso de presos de conciencia, pues en muchas ocasiones a éstos se les incomunica durante meses de su familia y ni siquiera se revela dónde se encuentran.

También el de los peticionarios (personas que viajan a Pekín para manifestarse o quejarse por injusticias ante el Gobierno central), muchos de ellos recluidos en centros con condiciones infrahumanas y que el régimen ni siquiera reconoce.

No obstante, en los últimos años se produjeron hechos que motivaron la petición de una revisión del sistema de prisiones chino, y dentro de éste los centros de detención prejudicial, que es donde las lagunas jurídicas son mayores y hay más posibilidad de violaciones a los derechos humanos.

Los detonantes del cambio fueron, por ejemplo, el descubrimiento de varios casos en que un condenado había sido llevado a prisión o incluso condenado a muerte por delitos que no había cometido (en una ocasión, un reo fue acusado de asesinato de un pariente que en realidad simplemente se había fugado y apareció vivo años después).

Otro suceso que sacudió a la opinión pública china y llevó al Gobierno a replantearse el sistema de detenciones fue la muerte el año pasado por apaleamiento de un joven de 24 años, Li Qiaoming, en un centro de detención de la provincia de Yunnan (sur), al parecer golpeado por otros detenidos.

El caso llamó la atención porque los responsables del centro intentaron esconder el suceso asegurando que Li había fallecido cuando jugaba con sus compañeros de celda al "escondite", lo que fue recibido con gran extrañeza por Gobierno y la opinión pública.