Chinchilla propone un paquete de leyes para mejorar gobernabilidad del país

San José, 5 mar.- La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, presentó hoy al Congreso cuatro proyectos de ley con reformas sustanciales a instituciones públicas, a la Asamblea Legislativa y a la misma Constitución Política, que pretenden mejorar la gobernabilidad del país a partir de 2014.

Las propuestas de ley son fruto de una serie de recomendaciones que una Comisión de Notables, a petición de la mandataria, presentó en febrero pasado, con el fin de modernizar el aparato estatal costarricense, considerado "atrofiado" por líderes políticos y buena parte de la ciudadanía.

Chinchilla, que concluye su mandato el 8 de mayo de 2014, se reunió hoy con los jefes de las bancadas del Congreso para presentarles personalmente las 42 propuestas que contienen los proyectos de ley, y tras la cita dijo en una rueda de prensa que "hay un ambiente muy positivo para las reformas".

El proyecto de reformas a la Ley de Jurisdicción Constitucional modifica las atribuciones de la Sala Constitucional, máximo órgano jurídico del país, al crear tribunales especiales para resolver los recursos de amparo y de hábeas corpus.

Otro proyecto reforma el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, al establecer un tiempo fijo en el uso de la palabra de los diputados, plazos específicos para votar las leyes, rendir dictámenes y hasta reducir el número de sesiones para presentar mociones a las propuestas de ley.

Además, otra ley permitiría a los diputados, por mayoría calificada (38 de 57 votos), emitir un voto de censura contra los ministros de Gobierno, que los obligaría a renunciar a su cargo.

Un tercer proyecto presentado por Chinchilla busca mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas con reformas a la Contraloría de la República y otras instituciones, así como mayores facilidades para realizar expropiaciones.

En el caso de la Contraloría, el texto incluye plazos para refrendar o rechazar contratos de licitación del Estado.

Además, la propuesta incluye la eliminación de las juntas directivas de la mayoría de las instituciones públicas autónomas del país, y en su lugar, que el Gobierno de turno nombre un presidente ejecutivo en cada una de ellas.

Estas instituciones tienen a su cargo servicios públicos como electricidad, agua, crédito para viviendas y hasta la comercialización de combustibles en el país.

Un último proyecto apuesta por reformas constitucionales para variar la forma en que se eligen los diputados en el país centroamericano, dejando de lado el sistema de listas provinciales para adoptar un sistema de distritos electorales, que sería la única reforma que, de ser aprobada, entraría en vigor a partir de 2015.

También se pretende establecer la carrera parlamentaria, al permitir la reelección sucesiva e inmediata de los diputados hasta completar tres períodos, algo que por ahora está prohibido.

Además, se establecería la posibilidad de la revocatoria anticipada del mandato de los legisladores mediante la figura del plebiscito.

Según Chinchilla, el mayor interés de los diputados se concentró en las reformas a la administración pública, seguidas por los cambios en la Sala Constitucional y luego al reglamento del Congreso.

El objetivo del Ejecutivo es que los legisladores discutan este año estos proyectos para que puedan entrar en vigencia a partir del 2014.