Lima, 5 jun.- Cinco años después de los enfrentamientos que dejaron 33 muertos y un desaparecido en la provincia peruana de Bagua, los familiares de las víctimas y los implicados en el caso exigieron hoy que se determine la responsabilidad de las autoridades del segundo Gobierno de Alan García (2006-2011).
El "Baguazo", como se conoció a la represión de la protesta indígena, "es un episodio trágico para el país que nos dejó marcados y con muchas lecciones que ojalá hayamos sabido aprovechar", declaró este jueves el ministro peruano del Interior, Walter Albán, en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros.
El 5 de junio de 2009, en una zona denominada "Curva del diablo", en la carretera hacia la ciudad amazónica de Bagua, murieron once agentes y diez civiles y desapareció el mayor de la Policía Felipe Bazán.
Los otros fallecidos, en su mayoría policías, murieron durante la toma de un lote petrolero en el interior de la provincia.
La intervención policial también dejó 200 heridos, en Bagua y Utcubamba, los lugares hacia donde se dirigió la represión de la protesta indígena, que se originó en rechazo a unas leyes del segundo Gobierno del expresidente Alan García para facilitar las actividades extractivas en la selva.
Albán afirmó que Bagua marcó un estilo de trabajo policial, pero que ahora "la policía hace un esfuerzo enorme por no utilizar armas" y, en su lugar, "generar mecanismos de diálogo".
El líder indígena Alberto Pizango declaró a Efe que "el país y el mundo necesitan saber la verdad completa de lo que pasó, para que nunca más vuelva a repetirse".
La justicia peruana abrió recientemente un proceso por los sucesos en la "Curva del diablo" contra 52 personas, 23 de ellas indígenas de las etnias awajún y wampis, que afrontan acusaciones de homicidio calificado, lesiones graves, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, rebelión, sedición y motín, delitos contra la tranquilidad pública y arrebato de armamento o municiones de uso oficial.
Pizango, quien está acusado en ese proceso, remarcó que "para un desempeño real y salvaguardar la democracia sería bueno que, por lo menos, se llamara a los líderes políticos de esa época a brindar sus declaraciones", dado que no han sido incluidos en ninguna pesquisa hasta el momento.
Para el líder indígena, el grado de responsabilidad de autoridades como García y su entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas,"debe responderse durante el juicio".
El ministro Albán opinó que el proceso judicial "todavía deja mucho que desear en cuanto a sus resultados".
Los allegados a los policías fallecidos expresaron, en un comunicado, que Cabanillas "es la primera responsable del fallecimiento de nuestros familiares" y exigieron que asuma su responsabilidad política y penal en el caso.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresó este jueves que la Fiscalía no ha logrado presentar pruebas de que los procesados hayan cometido los delitos que se les imputan y recordó que ninguno dio positivo en la prueba de absorción atómica para el uso de armas de fuego.
La entidad, que brinda apoyo legal a los indígenas procesados, lamentó que en ninguna de las investigaciones abiertas por el "Baguazo" se esté investigando "a quienes ordenaron el operativo de desalojo con armas de guerra cuando se sabía que los manifestantes habían aceptado abandonar el lugar".
El abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan José Quispe, explicó, a través de un comunicado, que otra investigación contra seis jefes policiales por lesiones a civiles en Utcubamba ha demorado tanto que está a punto de prescribir.
"Con procesos lentos, magistrados suplentes y provisionales que no aplican convenios y tratados internacionales, que cautelan los derechos indígenas, y fiscales que acusan sin pruebas", entre otros motivos, "la frase 'justicia que tarda, es injusticia' se torna cada vez más real", afirmó Quispe.
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