Ciu defiende en el congreso un acuerdo que garantice la atención a los dependientes

El portavoz de Asuntos Sociales de CiU en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, defendió hoy en el Pleno de este martes una moción en la que propone un "amplio acuerdo político y social" para garantizar la sostenibilidad futura del sistema de dependencia.
Durante el debate parlamentario, Campuzano defendió que el sector de la dependencia genera “empleo estable” e hizo hincapié en la necesidad de un acuerdo que permita un desarrollo de las políticas de atención de la dependencia, con pleno respeto a las competencias de las comunidades autónomas.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular intervino Teresa Martín Pozo, quien aseguró que el Gobierno y el PP quiere “garantizar en época de crisis la sostenibilidad de un sistema que ha sido puesto en peligro por una gestión desafortunada” del anterior Ejecutivo.
Señaló que el Gobierno revisará y simplificará el procedimiento de valoración de dependientes, primará su atención a través de profesionales y tendrán prioridad quienes mayor grado de dependencia tengan, de modo que los recursos vayan a las personas que más lo necesitan.
Del Grupo Parlamentario Socialista subió a la tribuna Rosa Aguilar, quien destacó que la elaboración de la Ley de Dependencia “fue el fruto precisamente de un amplio acuerdo político y social”.
Tras criticar que para el PP, “sostenibilidad significa recortar” y busca ir a un modelo “distinto y diferente”, abogó, entre otras cosas, por el cumplimiento del calendario de implantación del sistema previsto en la ley de dependencia.
FRUSTRACIÓN
Por parte de La Izquierda Plural intervino la diputada de IU, Caridad García, quien señaló que la Ley de Dependencia, que generó “muchas expectativas”, está creando “frustración”.
“Era una ley con una letra maravillosa pero carecía de la parte más importante, porque no se hicieron las previsiones para que tuviera la financiación suficiente para abordar con todas las garantías lo que el espíritu de la ley decía”, argumentó.
Toni Cantó, de UPyD pidió una “regulación unitaria para todo el Estado español con una garantía de mínimos para cualquier ciudadano en situación de dependencia”.
Por parte del Grupo Mixto intervinieron Joan Tardà, de ERC, y Olaia Fernández Dávila, del BNG. El primero señaló que es “fundamental e imprescindible salvar la ley” de dependencia.
Olaia Fernández (BNG) señaló que, si además de suspender la aplicación de la ley de dependencia, el Gobierno elimina de los Presupuestos Generales del Estado 283 millones de euros, la situación de los dependientes no sólo “se agrava”, sino que “hace imposible la sostenibilidad financiera” de la normativa.
LA MOCIÓN
Según la moción, este acuerdo deberá englobar también a las comunidades autónomas e incorporar un nuevo modelo de financiación que tenga en cuenta los costes reales de los servicios y prestaciones ofrecidos por las autonomías, informa CiU .
Campuzano interpeló la semana pasada a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, a quien dijo que el actual Sistema de Dependencia está "ahogando" financieramente a las comunidades autónomas.
El actual modelo, sostiene la moción de CiU, no tiene en cuenta el coste real de los servicios que ofrecen las comunidades autónomas, que para cubrir las prestaciones ya reconocidas se van a ver obligadas a incrementar su gasto o bien a elevar los niveles de copago.
Y esta tendencia se agrava si, como está sucediendo, el Estado reduce su aportación presupuestaria, prosigue la moción, quien propone un acuerdo orientado a garantizar la financiación necesaria y la participación estatal a corto y medio plazo.
Dicho acuerdo, agrega el texto, deberá revisar la aplicación del sistema, priorizando las atenciones que conlleva, la creación de empleo, el impulso a la colaboración público-privada y a las políticas de prevención y a la I+D+i en esta materia, además de promover el desarrollo de las prestaciones sociosanitarias.