CiU pregunta al Gobierno cómo reforzará seguridad ante vandalismo callejero

Madrid, 27 may.- El pleno del Congreso debatirá el próximo miércoles una interpelación urgente de CiU sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para reforzar la seguridad ciudadana ante los problemas de vandalismo callejero y de multirreincidencia.

En la interpelación, el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, destaca la "merma" que padece la seguridad ciudadana cuando los actos vandálicos están protagonizados por "guerrillas urbanas", lo que, a su juicio, ocurre cuando se concentra un número elevado de personas.

Así, pone de ejemplo los incidentes registrados en Barcelona el pasado 29 de marzo coincidiendo con la huelga general en la que hubo más de setenta detenciones por diferentes desórdenes públicos, entre ellos la quema de una cafetería o un ataque a una sucursal bancaria.

"Se vivieron peligrosos e intolerables incidentes no causados por los participantes de la convocatoria, sino por grupos organizados que actúan de manera planificada y que tienen la intención de provocar confrontaciones y alterar el orden público", subraya el texto.

Tras esos altercados, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz anunció el endurecimiento del castigo penal del vandalismo callejero para atajar este tipo de episodios violentos.

Para ello, los Ministerios del Interior y de Justicia ya trabajan en una modificación del Código Penal que equipare las penas para quienes participen en actos de "guerrilla urbana" a las que recibe el terrorismo callejero o "kale borroka".

Duran i Lleida también quiere conocer las medidas con las que el Ejecutivo tratará la multirreincidencia, que considera como "uno de los sucesos que más sensación de impunidad" produce al ciudadano.

Según la interpelación, la reiteración y el progresivo agravamiento de estas conductas deterioran los principios fundamentales de un Estado de Derecho y la cohesión social de un país, lo que provoca que el sentimiento de inseguridad entre la ciudadanía aumente.

"En consecuencia -concluye el texto-, es fundamental dar una respuesta jurídica contundente y ponderada que permita una mayor eficacia en la prevención y disuasión de estas conductas".