CiU propone definir cuándo un político inmerso en proceso penal debe dimitir

  • CiU ha propuesto al resto de formaciones políticas "unificar criterios" para definir cuándo un político inmerso en un proceso penal debe apartarse de sus responsabilidades, al mismo tiempo que ha reclamado al Ejecutivo más medios para que el Poder Judicial investigue más ágilmente los casos de corrupción.

Madrid, 26 feb.- CiU ha propuesto al resto de formaciones políticas "unificar criterios" para definir cuándo un político inmerso en un proceso penal debe apartarse de sus responsabilidades, al mismo tiempo que ha reclamado al Ejecutivo más medios para que el Poder Judicial investigue más ágilmente los casos de corrupción.

En esta propuesta de resolución del debate sobre el estado de la nación, CiU considera oportuno "unificar criterios entre las distintas formaciones políticas para definir en qué momento procesal es oportuno que un cargo político deba apartarse de sus responsabilidades por estar inmerso en un proceso penal".

Además, CiU solicita al Gobierno que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial posibilite la creación de un Consejo Autonómico de Justicia y la transferencia a los Tribunales Superiores de Justicia catalanes las competencias en materia de casación, posibilidad que ya recoge su Estatuto de Autonomía.

CiU también quiere que la reforma de esta ley sirva para que la lengua catalana sea un requisito para los jueces, magistrados y fiscales destinados en esa comunidad.

Asimismo, esta formación exige modificaciones legislativas para las que las Comunidades Autónomas puedan adquirir más competencias para definir los medios personales y materiales de su Administración de Justicia, y reclama el traspaso de la gestión de los cuerpos de médicos forenses y secretarios judiciales.

El grupo catalán solicita también la derogación de la Ley de Tasas, pues considera que supone "una merma para la tutela judicial efectiva", e insta al Ejecutivo a retirar el recurso de inconstitucionalidad que interpuso contra la normativa que regula las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia en Cataluña, ahora suspendida.

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