'Ciudadanos' no incluye ahora la renuncia de Chaves y Griñán en sus exigencias a Díaz

El acuerdo que permitirá a Susana Díaz ser investida el jueves presidenta de la Junta de Andalucía, una vez firmados los documentos presentados por Ciudadanos, no hace referencia a la exigencia de que loslos expresidentes de la Junta de AndalucíaManuel Chavesy José Antonio Griñán, imputados en el caso de los ERE falsos, abandonen sus escaños en el Congreso y el Senado.

La 'ausencia' no deja de resultar sorprendente, pues la condición había sido una de las grandes "líneas rojas" del partido de Rivera para condicionar esta investidura. Los documentos incluyen un total de 72 medidas sobre regeneración democrática, reactivación económica y empleo y cohesión social.

Griñán ya dijo el pasado abril que ponía su escaño a disposición de Susana Díaz y renunciaba a repetir como senador. Chaves, en cambio, ha provocado diversos desencuentros entre Ciudadanos y los socialistas. Ya el pasado 25 de abril, el propio Rivera puso como condición para hablar con Susana Díaz la salida de los expresidentes, y además, que el compromiso de renuncia de Chaves se rubricase por escrito.

En esta cuestión venía insistiendo también el presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Juan Marín, quien este martes 'suavizó' su exigencia después de que Díaz le hubiese pedido esperar al pronunciamiento del Supremo sobre si inculpa formalmente a Chaves. De ser así, comunicó Marín, "pediría públicamente y por escrito su acta de diputado".

Ciudadanos ha justificado no obstante que no se incluya ahora esta exigencia en que se trata de un acuerdo para "cambiar las cosas" y que el documento de medidas anticorrupción no se centran en una persona. El partido de Rivera se ha mostrado confiado en el compromiso 'de palabra' de Díaz para apartar del cargo público a cualquier dirigente relacionado con la corrupción.

El documento sí contempla en cambio la necesidad de separar "de inmediato" a cualquier cargo público, electo o designado, que resulte imputado por corrupción política o que mienta o manipule su currículum o su cualificación profesional o académica, de igual manera que sostiene que las personas imputadas por corrupción política no formarán parte de listas electorales.Sus exigencias contra la corrupción: fin de aforamientos y mandatos limitados

En la misma línea, se incluye la creación de una oficina de prevención del fraude y la corrupción; aprobar una Ley de buen gobierno y un estatuto de altos cargos; y que sea incompatible ser parlamentario y ejercer cualquier otra actividad profesional, como ya recoge la normativa vigente.

Según el texto, se reforzará la normativa para evitar "las llamadas puertas giratorias" a los responsables públicos y personal al servicio de la administración pública. Y para avanzar en la eficiencia y control de los fondos públicos que se destinan a ayudas, se aprobará una ley de subvenciones, y se reformará la Cámara de Cuentas.

Otro de los puntos para la regeneración democrática de la Administración es incluir en el Plan de Inspección de la Agencia Tributaria de Andalucía a aquellas entidades y personas implicadas en supuestos de corrupción.

Igualmente, la Junta deberá colaborar en las investigaciones judiciales y policiales sobre presuntos actos de corrupción cometidos por personal a su servicio; y se personará en los procesos judiciales por corrupción cuando pueda existir menoscabo para la hacienda pública.

El acuerdo incluye además la eliminación de los aforamientos a nivel autonómico, así como la limitación de mandatos de los presidentes de las comunidades autonómicas, aunque no concreta a cuántos años.

Asimismo, dentro de la "necesidad" de una nueva ley electoral, asume que se deberían establecer listas abiertas o desbloqueadas, proporcionalidad -el voto de cada ciudadano debe tener el mismo valor-, y reducir de los gastos electorales en un 50 por ciento.

También incluye que los partidos remitan a la Cámara de Cuentas y vía telemática su estructura y su contabilidad; que los cargos institucionales que perciban una retribución pública no cobren de sus formaciones, y que publiquen su declaración de bienes, actividades e intereses y de las declaraciones anuales del IRPF, así como de su cónyuge.

Además, los partidos que se hayan financiado ilegalmente a través de actos de corrupción deben hacerse responsables patrimonialmente de dichos actos, los cargos públicos responderán en su caso con su patrimonio, el delito será imprescriptible y los partidos tendrán órganos internos específicos anticorrupción.

También se incluye reducir al mínimo del número de entes públicos y números de cargos directivos de las mismas, y hacer públicos los cargos directivos de estas empresas y sus remuneraciones; y limitar los cargos de libre designación a nivel 30, de manera que los puestos inferiores se acceda por oposición pública.

Para abrir las instituciones a los ciudadanos, se recoge la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana; un portal de Gobierno Abierto; publicar en formato 'open data' y en tiempo real de toda la información de la administración pública andaluza; y crear una Oficina Ciudadana en el Parlamento.

En otro orden de cosas, se instará al Gobierno central a modificar el Código Penal para ampliar el plazo de prescripción de los delitos por corrupción y también para tipificar el delito de financiación ilegal con responsabilidad penal de los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales. Además, que se impida el indulto a los condenados por delitos de corrupción, fiscal, contable o económico.

Y una vez que se firme el documento, se constituirá una comisión de seguimiento del acuerdo integrada por representantes de los partidos firmantes.Reducción de tramo autonómico del IRPF, entre las medidas económicas

Para apoyar a autónomos, empresas y pymes, se incluye una Ley del Emprendimiento y sendos planes de apoyo al emprendimiento y de actuación para el trabajo autónomo hasta 2020; además de crear una Entidad Pública de Crédito y reducir las trabas burocráticas.

Para fomentar el empleo, se aprobará la Ley de formación profesional y se creará una red de Centros de Formación Profesional; un plan excelencia de la Formación Profesional para el Empleo, y que la juventud sea un colectivo "prioritario" en materia de empleo.

Igualmente, aboga por una la Ley integral de Agricultura; impulsar la Alianza Andaluza por el Turismo; otro plan de Fomento del Sector de la Construcción; una estrategia energética y otra de Infraestructuras de Telecomunicaciones, así como fomentar la estrategia industrial y minera.

Sobre incentivos fiscales, las medidas pasan por implementar un plan de lucha contra el fraude fiscal y aprobar un plan específico para aflorar la economía sumergida; una la Ley del Mecenazgo; y reducir entre 2 y 3,5 puntos en el tramo autonómico del IRPF para clases medias y bajas.Pacto por la Educación en las propuestas sociales

Las medidas relacionadas con la cohesión social recogen un pacto por la Educación andaluza y un plan para el éxito escolar que contempla contratar a entre 400 y 500 profesores de educación infantil, primaria y secundaria. Durante la presente legislatura, según el texto, se incrementará en 12.000 las plazas de educación infantil de 0 a 3 años, así como se aprobará un plan de desarrollo de las Lenguas 2015-2020.

También incluye un plan de I+D+i para asegurar el aprovechamiento del potencial investigador de las universidades públicas; además de extender el fraccionamiento del pago de las matrículas a ocho plazos y anticipos a los universitarios del dinero de las becas que corresponde abonar al Gobierno de la Nación, y crear de becas para la obtención del B1, vinculadas al nivel de renta.

Para garantizar una sanidad pública de calidad, el acuerdo incluye una Ley de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, un plan para mejorar las Unidades de Urgencias contratando a entre 400 y 500 sanitarios y reducir a 90 días el plazo máximo de garantía de respuesta quirúrgica a todos aquellos pacientes que necesiten ser intervenidos por enfermedades cardíacas.

De la misma manera, se promoverá un Pacto de Estado para la aplicación de la Ley de Dependencia, que garantice una financiación suficiente y comprometa al Gobierno Central a reponer la financiación estatal al 50 por ciento; e incorporar al sistema a las personas en situación de dependencia moderada, aumentando en un 10% la financiación que Andalucía destina a dependencia.