Ciudadanos quiere blindar en la Constitución el derecho al agua y la luz

Ciudadanos pretende blindar en la Constitución el derecho ciudadano al acceso a los servicios básicos, esto esto es, al menos agua, electricidad y telecomunicaciones. Es una de las treinta medidas presentadas por el partido naranja este sábado en Cádiz y que constituyen su reforma institucional para las generales. La formación no ha concretado, no obstante, cuál es el umbral de ingresos que definirá el acceso a la prestación de este derecho por parte del Estado.

La propuesta irá acompañada de la correspondiente memoria económica, que delimite con claridad los gastos que habrán de asumir los poderes públicos. Ese compromiso es común a otras de las medidas anunciadas este sábado, y con él, el partido de Rivera pretende asegurar que la financiación esté garantizada y no esté sujeta a las eventualidades. Otros de los derechos que pretenden reconocer constitucionalmente son el derecho a la salud (ya recogido en el artículo 43), a la protección ambiental (artículo 45), derechos de los consumidores y usuarios (artículo 51), derecho a la buena Administración o a la vivienda (artículo 47).

En este último caso, la propuesta se ampara en el concepto de "segunda oportunidad", incluido también en el borrador económico que la formación presentó hace meses y que busca aliviar a familias y empresarios asfixiados por las deudas con un sistema de devolución más flexible. La propuesta, en materia de vivienda, pasa porque "se pueda obligar al banco acreedor a aceptar en pago el inmueble hipotecado a un precio igual al 100% del valor de mercado que tenga en ese momento, previa tasación por un profesional independiente".

De esta forma, "se reducirá la deuda hipotecaria por el valor del inmueble, no por la totalidad del saldo vivo del préstamo". El resto de la deuda, proponen, podrá ser renegociada en condiciones más ventajosas. De esta forma, una parte del valor de la vivienda resultará inembargable."Una reforma para España"

El presidente de Ciudadanos presentó este sábado en Cádiz su propuesta para la "regeneración democrática e institucional", trabajado durante meses por un grupo de expertos, entre ellos, el catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras y el exeurodiputado de UPyD Francisco Sosa Wagner.

La elección del escenario, cuna de la Constitución, no era menor.Rivera no ocultó que le hubiese gustado ser "diputado de las Cortes de Cádiz" y el mismo acto sirvió para rendir homenaje a la Carta Magna con un vídeo en el que, una vez más, el partido apeló el espíritu de la Transición: a varias imágenes de la Guerra Civil y la dictadura franquista y una voz en off, "resurgimos", le siguieron otras de Adolfo Suárez, a quien Rivera acostumbra a citar en sus intervenciones.

Rivera asumió personalmente la presentación de lo que considera "un nuevo proyecto para España", y defendió que la propuesta pretende hacer "normal en las instituciones lo que ya es normal en la calle". Se trata, dijo, de una "reforma de España" que aspira a "liderar" desde el Gobierno de la nación tras el 20 de diciembre, pero que hará "con los españoles y con gente de otros partidos". En su presentación, el líder 'naranja' fue frecuentemente interrumpido por los vítores y gritos de 'presidente' de los más de 1.300 asistentes en el Palacio de Congresos de Cádiz.

Algunas de las medidas provocaron cerrados aplausos, como la desaparición del Senado o las propuestas para despolitizar la Justicia que para Ciudadanos pasan, por ejemplo, por la supresión del Consejo General del Poder Judicial.Delimitación de competencias

La reforma constitucional, uno de los debates en los que chocan los principales partidos, es para el partido 'naranja' esencial, pero con límites. No buscan, advirtió Rivera, "ni romperla ni pisotearla", sino hacer que sea más fuerte y que esté más vigente. De hecho, la mayoría de las 30 medidas no hacen referencia a la Carta Magna, sino a leyes orgánicas.

Las cuestiones territoriales y, en especial, la definición de las competencias que corresponden al Estado, a las comunidades autónomas y a las entidades locales-sin detallar cuáles- centran buena parte de la reforma proyectada. El partido pretende además incluir una sección en la que se incluyan derechos sociales, como sanidad y vivienda, que irán en todo caso acompañados de la correspondiente memoria económica. Asimismo, se elimina la disposición que abre la posibilidad de fusionar Navarra al País Vasco.Supresión del CGPJ

Sin duda, uno de los puntos más controvertidos es el que hace referencia a la supresión del CGPJ, máximo órgano de los jueces. La formación se basa en que sus funciones, establecidas por el artículo 122 de la Constitución, pueden ser asumidas por el presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, que estará asistido por dos adjuntos.

Su designación corresponderá al Congreso de los Diputados y habrá de contar con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. Los candidatos habrán de acreditar 20 años de ejercicio en la carrera judicial y no tener, ni haber tenido, vinculación con partido político alguno. "Los nombramientos serán por mérito, por capacidad y por concurso", ha advertido Rivera. Se llevarán a cabo por procedimientos reglados, "sin discrecionalidad", mediante concursos convocados en los que la selección se ajustará a baremos previamente establecidos, "permitiendo la eliminación de criterios arbitrarios en función de afinidades políticas o ideológicas", se explica en el texto. El mandato será de seis años improrrogable y se prohibirá expresamente que los parlamentos autonómicos propongan magistrados. Además, los jueces y magistrados que acepten cargos políticos deberán pasar por un período de excedencia mínimo de dos años tras su cese, para evitar las conocidas como "puertas giratorias".

En el caso de los magistrados del Constitucional, estos habrán de acreditar 25 años de ejercicio profesional y una total independencia, no haber tenido vinculación con partidos ni haber desempeñado cargos representativos o ejecutivos en parlamentos o gobiernos en los cinco años anteriores a su nombramiento. El mandato será de doce años y el límite para la jubilación serán los 75 años, tras la cual no se podrá acceder a ningún empleo público o privado. Cada cuatro años, además, se acometerá una renovación parcial.

La elección del fiscal general del Estado corresponderá al Gobierno, pero, no obstante, habrá de elegir entre tres candidatos seleccionados previamente por la mesa del Congreso. El procedimiento quedará recogido en la Constitución. Los requisitos son, de nuevo, contar con 20 años de carrera y no tener vinculación política ni haber ostentado cargo político o administrativo de carácter público. Los candidatos serán valorados por una Comisión del Congreso que elegirá una terna mediante procedimiento de mayoría reforzada. El partido pretende además "refozar en particular la independencia de la Fiscalía anticorrupción".Abolición del Senado y cambio de la ley electoral

Entre otras reformas, el partido de Rivera propone además la supresión del mecanismo del decreto ley, de forma que la legislación de carácter extraordinario y urgente habrá de ser aprobada por el Congreso en un plazo de 72 horas.

Aunque si una propuesta merece la etiqueta de 'estrella' es la abolición del Senado. El partido naranja quiere, en su lugar, constituir una Cámara de auténtica representación territorial que se denominaría Consejo de Presidentes- nada que ver con el actual Consejo de Presidentes Autonómicos- y cuyos integrantes tendrán voto ponderado en función de la población. Serán competendes para aprobar leyes relacionadas con la organización territorial del Estado y funcionará siempre en coordinación con el Congreso, subordinado a éste en caso de asuntos especialmente delicados. Si hay desacuerdos, prevalecerá siempre la postura de la Cámara.

En la intención de acercar la política a la ciudadanía, el partido naranja propone además rebajar el número de firmas para presentar iniciativas legislativas. Serán necesarias 250.000, frente a las 500.000 actuales, y se obligará a su tramitación en seis meses. "Eso hará que en los parlamentos pueda participar la gente", ha explicado Rivera.

En cuanto a la supresión de las diputaciones provinciales, el partido espera ahorrar con la medida y hasta 5.000 millones de euros anuales. Según Luis Garicano, responsable del programa económico de la formación, "falta voluntad política" para suprimir una institución que, considera, "sustenta una red clientelar". Con ese ahorro, Ciudadanos espera compensar la pérdida de recaudación que supondrán la bajada del IVA y el IRPF.

Sobre la reforma de la ley electoral, Ciudadanos propone un nuevo sistema para dotarla de más proporcionalidad y control de la ciudadanía.El modelo es Alemania, donde cada ciudadano elige a su diputado correspondiente en circunscripciones uninominales. Esto haría que 175 diputados fuesen elegidos por distritos de aproximadamente 250.000 personas y otros 175 por voto a partido.

"Proponemos acometer una reforma inspirada en el régimen electoral alemán lo que supone que la elección de los diputados se hará simultáneamente entre escaños unipersonales y listas proporcionales, disponiendo en consecuencia cada elector de dos votos", se puede leer en el documento.

Además, las formaciones políticas estarían obligadas por ley a la celebración de primarias y se pondrá fin a los "privilegios de los representantes públicos", mediante la supresión de los aforamientos, los suplicatorios para delitos o imputaciones "salvo para los relacionados con la actividad política del parlamentario"-seguridad vial, violencia doméstica- y la exigencia de que el régimen de incompatibilidades "sea transparente, riguroso y se cumpla de manera efectiva", imponiendo un sistema de sanciones.

También planean cambios en la financiación territorial. Rivera no adelantó mucho más, tampoco en lo relativo al polémico concierto vasco, sobre el que, considera "se debe hacer un cálculo razonable para evitar desigualdades de una menor contribución a la solidaridad colectiva".