Alicante, 16 ene.- Javier Llorens, colaborador del constructor Enrique Ortiz, ha dicho al juez que, en las conversaciones telefónicas entre el y Enrique Ortiz -intervenidas en la pieza separada del caso Brugal, que investiga las ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante-, hablan de planos del Plan antiguo, de 1987, y no del que entonces se tramitaba.
Este ha sido el principal argumento del técnico especialista en asuntos urbanísticos del constructor Ortiz, Javier Llorens, durante la declaración que ha efectuado como testigo ante el titular del juzgado de instrucción número 5, Manrique Tejada, según un abogado de la acusación popular.
Su comparecencia se ha prolongado durante más de tres horas debido, en parte, a que se han escuchado numerosas de sus conversaciones telefónicas con Ortiz, algunas de las cuales en las que el constructor le preguntaba en 2008 por "determinados planos" del PGOU.
Llorens ha reconocido su propia voz y la de Ortiz, y ha tratado de aclarar que en los diálogos siempre se referían al PGOU vigente en ese año, que era el aprobado en 1987, o a planos del "catastro virtual" municipal, que eran de dominio público.
De esta manera, ha rechazado que en esas conversaciones se hablara de planos que iban a incluirse en el PGOU que se estaba diseñando en ese momento.
Para el abogado de la acusación popular ejercida por IU, José Luis Romero, la afirmación de Llorens de que en sus conversaciones con Ortiz se refería a planos del PGOU de 1987 "no se sustenta".
Tras Llorens, han sido citados para declarar otros dos empleados del constructor Ortiz, Luis Perea y Luis Miguel Sirvent, quienes cierran la ronda de comparecencias de testigos citados por el magistrado Tejada.
En las últimas semanas han sido alrededor de una decena los citados para declarar como testigos, entre ellos el hijo del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, Otto Luis Díaz, quien al final no compareció al acogerse a su derecho de no tener la obligación de declarar contra su padre.
En cambio sí que han pasado por el juzgado para testificar, entre otros, el primer redactor del PGOU, Lluís Cantallops, el exconcejal popular y mano derecha de Alperi durante años Pablo Suárez, el exdirectivo del Hércules Carlos Parodi y Julia Castelló, cercana a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo.
A partir de ahora, el titular del juzgado de instrucción número 5 podría solicitar nuevas declaraciones en calidad de imputados o testigos, o encargar la práctica de más diligencias, en una investigación en la que figuran como implicados la alcaldesa Castedo y su antecesor, el citado Díaz Alperi, ambos aforados al ser diputados autonómicos.
En esta pieza separada del Brugal se investigan las supuestas ilegalidades en el PGOU de Alicante a favor del citado Ortiz, uno de los imputados.
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