Desde la ciudad de Cúcuta, unos 600 kilómetros al noreste de Bogotá, los ministros de Interior, Juan Fernando Cristo, y de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, seguían personalmente la situación y recorrían esa conflictiva zona del departamento de Norte de Santander para reunirse con decenas de deportados.
"Es un drama social (...) es un drama humanitario que estamos atendiendo aquí en Cúcuta", dijo Cristo en rueda de prensa desde esa ciudad, donde las autoridades buscaban responder a los casos de cientos de colombianos deportados, la mayoría por supuestas irregularidades migratorias y sin sus familias ni sus bienes.
Según un comunicado oficial, firmado por el presidente Juan Manuel Santos, en Cúcuta se instaló un "Centro de Mando Unificado" para "velar por los derechos de los colombianos que han sido deportados, agilizar la reunificación familiar y mantener informada a la población".
Santos, que dijo haber apostado por "el camino del diálogo y la diplomacia" ante esta crisis, se refirió al tema con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, según dijo este último tras reunirse con el mandatario en Bogotá.
Más de 1.000 colombianos han sido deportados desde que entró en vigor el viernes pasado un estado de excepción de 60 días decretado por el presidente venezolano Nicolás Maduro en un sector de la frontera binacional, según informó este lunes José Vielma Mora, gobernador del estado Táchira, fronterizo con Norte de Santander.
Maduro adoptó la medida tras un ataque de desconocidos que dejó tres militares y un civil venezolanos heridos, durante una operación contra el contrabando en la ciudad de San Antonio del Táchira.
El mandatario venezolano sostiene que en el lucrativo contrabando en la zona limítrofe están implicados paramilitares que, aliados con la "derecha" local, buscan desestabilizar su gobierno.
Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.219 km, donde las autoridades de ambos países denuncian la presencia de grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y contrabandistas de combustible y otros productos fuertemente subsidiados por el gobierno venezolano.
Holguín aseguró desde Cúcuta que Bogotá seguirá "defendiendo a cada uno de los colombianos que han deportado" y expresó "el rechazo del gobierno de Colombia al cierre de la frontera".
La canciller, que prevé reunirse el miércoles con su par venezolana Delcy Rodríguez, dijo que espera puedan "avanzar" en la lucha contra el contrabando, un tema "fundamental" que "ha generado toda esta situación compleja".
Santos aseguró a su vez en el comunicado oficial que la reunión de las cancilleres servirá "para tratar personalmente los problemas que ha generado esta medida unilateral del gobierno del país vecino y expresarle nuestra preocupación e inconformidad por las denuncias sobre atropellos sufridos por colombianos en Venezuela".
El presidente colombiano citó además para el martes a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores -conformada por expresidentes, excancilleres y congresistas- para "conocer sus puntos de vista sobre la situación".
El defensor del Pueblo de Colombia, Jorge Otálora, también presente en Cúcuta, dijo que su despacho ha documentado unos 60 casos de "malos tratos" o de prohibición de sacar sus enseres de Venezuela entre los más de 750 deportados que hasta la mañana del lunes habían sido atendidos por las autoridades colombianas en la zona fronteriza.
Según las autoridades venezolanas, además de los más de 1.000 deportados, durante los operativos en el marco del estado de excepción -que rige en seis municipios de Táchira- han sido también capturados 10 presuntos paramilitares, y esta madrugada fueron encontradas más de 50 toneladas de alimentos.
Venezuela, el segundo país más violento del mundo según la ONU, afronta una crisis económica con alta inflación, devaluación del bolívar y escasez de dos tercios de los productos básicos, en medio del desplome de los precios del petróleo del que es altamente dependiente.
El estado de excepción, que podrá ser prorrogado por 60 días más, prohíbe el porte de armas y permite realizar allanamientos e interceptar comunicaciones privadas sin orden judicial.
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