Colombia reparó en 2012 a casi 158.000 víctimas con 502 millones de dólares

Bogotá, 28 feb.- Un total de 157.840 víctimas del conflicto armado interno colombiano fueron indemnizadas en 2012 por el Gobierno con 912.522 millones de pesos (unos 502 millones de dólares) y otros servicios sociales.

Así lo anunció hoy la directora de la Unidad Administrativa Especial para la Reparación Integral a las Víctimas del Gobierno, Paula Gaviria, en la entrega de resultados del primer año de vida de la entidad, que nació como una herramienta para aplicar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Gaviria señaló que la meta era hacer 110.000 indemnizaciones, lo que se cumplió en octubre pasado.

"Por consiguiente ampliamos la meta y reparamos a un total de 157.840 personas", anotó, de las que 81.327 cuentan con un "plan individual de reparaciones" diseñadas por ellos mismos con el fin de sentir que realmente avanza su proceso de recuperación.

La reparación contempla una compensación económica por los daños sufridos, un respaldo "psicosocial" y un acompañamiento para la rehabilitación de las víctimas.

En 2012 la Unidad entregó a los beneficiarios 912.522 millones de pesos (unos 502,37 millones de dólares), una cantidad que Gaviria ubicó entre las más generosas de los procesos de indemnización del mundo.

Sin embargo, advirtió que el gran reto en el cumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es "la articulación entre las diferentes instancias" e incluso admitió que algunas entidades del Estado "no están colaborando con el proceso" de la norma.

La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia se refirió en el informe anual presentado hace una semana a esta Ley, y determinó que la unidad debe simplificar los procedimientos para que las víctimas puedan ejercer sus derechos.

Además, denunció que los reclamantes de tierras y las víctimas son objeto de amenazas de lo que denominaron "grupos post-desmovilización", en referencia a las bandas que se rearmaron tras la desarticulación de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a partir de 2005.

En este sentido, Gaviria expresó el deseo de "afinar" la relación con la Fiscalía a través de la Unidad Nacional de Protección para que "nada les pase" a "las víctimas que han alzado su voz y han empezado a participar en procesos que trae la Ley".

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, sancionada por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en julio de 2011 y en vigor desde enero de 2012, reconoce y compensa a las víctimas y a sus familias con medidas administrativas, sociales, judiciales y económicas, individuales y colectivas.

Considera víctimas a todas aquellas personas ajenas a un grupo armado ilegal que desde el 1 de enero de 1985 hayan sido objeto de masacres, secuestro, desaparición forzada, tortura, delitos sexuales, minas antipersonales, reclutamiento infantil o adulto, desplazamiento y despojo forzado de tierras.

El cumplimiento de esta ley es considerado por el Gobierno de Santos como un eje de las políticas sociales, y por eso amplió la meta de indemnización hasta 150.000 personas más en 2013, lo que prevén asimismo superar.

"Este año va a ser el año de las reparaciones colectivas", anunció en alusión a los procesos que reconocen como víctima a una comunidad.

Y adelantó que en los próximos meses, las comunidades de Mampuján y Las Brisas de Bolívar, norte del país, que sufrieron la violencia paramilitar en el año 2000, podrán retornar a casa después de vivir durante más de una década como desplazados.

También podrán volver a sus territorios tradicionales las etnias indígenas Embera-chamí de Risaralda y Chocó (oeste), Kitek Kiwe del Cauca (suroeste), Wayúu de la Guajira (frontera con Venezuela), Awá de Nariño (suroeste) y Jiw de San José del Guaviare, ciudad del sur de Colombia.

La entidad prepara el primer censo de víctimas del conflicto colombiano, y según las cifras preliminares la violencia afectó en este país a más de 5 millones de personas.

El reconocimiento y reparación a las víctimas es un punto clave en la negociación de la paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que desde octubre pasado están inmersos en el tercer intento de paz.