Comienza el juicio contra 61 socios de pricewaterhousecoopers (pwc) por fraude fiscal

Este lunes comienza en la Audiencia Nacional el juicio oral contra 61 socios de la auditora PricewaterhouseCoopers (PwC) a los que la Fiscalía Anticorrupción achaca un presunto delito fiscal por más de 40 millones de euros. Los procesados podrían ser condenados a penas de prisión de entre dos y 14 años. El juicio se desarrollará en sesiones de mañana y tarde hasta el próximo 27 de mayo.
En el escrito de acusación del Ministerio Público presentado el 24 de septiembre de 2013 Anticorrupción se dirigía también contra las sociedades PwC S.L., PwC Auditores, PwC Jurídico y Fiscal, PwC Asesores de Negocios e IBM Global Services España, en su calidad de sucesora de PwC Consulting. Considera que todas ellas son responsables civiles subsidiarias de los supuestos delitos cometidos en 2002 y derivados de la venta de esta última división a IBM.
Las penas más elevadas, de 14 años y 10 meses de prisión, se solicitan para el expresidente de PwC Miguel Fernández de Pinedo; para José María Tajadura Garrido, entonces administrador de solidario de PwC Consulting y responsable de Operaciones en España, y para César Rodríguez Ramos, que fue socio responsable de la División Fiscal y Legal de PwC. También se solicitan multas que, en el caso de los tres anteriores, superan los 102 millones de euros por defraudar supuestamente 40 millones de euros a la Hacienda estatal y a la de Vizcaya.
Según la Fiscalía, los socios de PwC no declararon a Hacienda la percepción global de 20,9 millones en concepto de `bonus´ que recibieron en enero de 2002 como retribución por su trabajo en la auditora.
Los socios, añadía Anticorrupción en su escrito de acusación de septiembre de 2013, omitieron constatar en su declaración de IRPF que tales cantidades eran rentas de trabajo y las incluyeron como parte del precio de venta de la División de Consultoría a IBM, con una tributación muy inferior a la que hubiera correspondido.
Sin embargo, en la fecha en la que recibieron los `bonus´ ni siquiera habían comenzado las negociaciones con IBM, que empezaron en julio de 2002 y culminaron en octubre de ese año, cuando tuvo lugar la venta.
Los socios denunciados, entre los que hay españoles, franceses, ingleses, irlandeses y un austríaco, son aquellos a los que se imputa un fraude superior a 120.000 euros.
Además, PwC Auditores S.L., PwC Jurídico y Fiscal S.L., PwC Asesores de Negocios S.L. y PwC Consulting S.L., donde prestaban sus servicios los denunciados, omitieron practicar las retenciones debidas por IRPF correspondientes al rendimiento de trabajo percibido, dejando de ingresar una cantidad global superior a los 9,5 millones.
La Fiscalía también ha denunciado delitos contra la Hacienda Pública derivados de la omisión de la declaración en el Impuesto de Sociedades de PwC SL y el ingreso de las cuotas tributarias correspondientes a la operación de venta de PwC Consulting S.L. a IBM Global Services España S.A. en octubre de 2002.
OPERACIÓN SIMULADA
Según Anticorrupción, para ello se simuló una operación de reestructuración empresarial con acogimiento al Régimen Especial de Fusiones y Escisiones de la Ley del Impuesto de Sociedades, cuando en realidad se procedió a la venta de la empresa. La cuota defraudada que se imputa por este hecho asciende a 18,3 millones por el Impuesto de Sociedades de PwC SL.
Como consecuencia de esta operación simulada, PwC SL, propietaria de la División de Consultoría, transmitió a sus socios las participaciones de ésta, siendo los socios de PwC y no la sociedad quienes formalmente vendieron la división a IBM.
Posteriormente, los socios declararon indebidamente en su IRPF las cuotas debidas por la venta, al aplicar la antigüedad de otros valores que no fueron los vendidos. El total de las cuotas tributarias defraudadas por los denunciados como consecuencia de ambas operaciones supera los 12 millones.
RESPUESTA DE PwC
En el momento de conocer el escrito del fiscal, PwC emitió un comunicado en el que consideraba “absolutamente correcta y ajustada a derecho” la actuación de sus socios en la venta de la división de consultoría a IBM y se oponía la petición de apertura de juicio.
La compañía ha venido sosteniendo que “no ha habido ocultación ni defraudación alguna” y que todas las cantidades fueron declaradas. Indica también que la Hacienda foral de Vizcaya no ha formulado acusación, e insiste en que la operación no fue “ficticia” ni diseñada para “eludir impuestos”, sino que fue una “operación real” que se acogió a los “beneficios fiscales correspondientes”.
También indica que la empresa resultante del proceso tiene la misma estructura vigente en la actualidad y que el proceso fue público, transparente y comunicado “a los clientes y al mercado, a Hacienda, se hizo ante notario, se inscribió en el Registro Mercantil, se publicó en el BOE y en la prensa”.
En cuanto a la cantidad de 20,9 millones percibida por los socios, que según la Fiscalía era un 'bonus' sin relación con la venta de la división de consultoría, la auditora afirma que se trató de una “compensación” por la pérdida de ésta, “ya que entonces este negocio en nuestro país era uno de los dos que más había crecido en el mundo”.
“Los socios tributaron por dicha compensación como un incremento de patrimonio -y no como rentas del trabajo-, puesto que no correspondía a servicios laborales prestados ni a beneficios de PwC España”, concluía la auditora en su comunicado.