Pu Zhiqiang, de 50 años, es conocido por haber defendido ante la justicia a víctimas de los campos de reeducación, así como al famoso artista Ai Weiwei.
Hace un año y medio fue detenido, acusado de "incitación al odio étnico", y de haber "provocado disputas y fomentado altercados". Unos cargos con los que se expone a una pena total de ocho años de cárcel, según su abogado Mo Shaoping.
En un país en el que la justicia está estrechamente controlada por las autoridades, la condena de Pu Zhiqiang es casi segura.
Este lunes, un tribunal de Pekín examinaba los elementos presentados en su contra: siete mensajes en internet, en los que fustigaba la incompetencia, "las mentiras" del Partido Comunista y las políticas represivas de Pekín en el Tíbet y la región de mayoría musulmana de Xinjiang.
Una hora antes de iniciarse el proceso, decenas de agentes de policía y miembros de las fuerzas de seguridad vestidos de civil bloqueaban el acceso a los aledaños del tribunal, constató un periodista de la AFP.
Rápidamente, la policía empezó a intimidar y amenazar a los periodistas presentes, y a los manifestantes que acudieron a expresar su apoyo a Pu. Los agentes no dudaron en propinar golpes a las cámaras de los medios.
"Los abogados y representantes de la sociedad civil no deberían ser blanco de una represión incesante, sino que se les debería permitir participar en la creación de una China próspera y estable", declaró Dan Biers, un diplomático estadounidense de alto rango presente en el lugar.
"Reclamamos la liberación del señor Pu, y pedimos a China que respete los derechos civiles fundamentales", añadió.
"¡Pu Zhiqiang es inocente!", corearon unos diez manifestantes cerca del tribunal, según unos videos publicados en internet. La policía detuvo al menos a tres de ellos.
"China tiene muy pocos abogados buenos, y Pu era uno de ellos. Nada mejorará mientras la gente tenga miedo de levantarse contra las autoridades", indicó a la AFP Yan Lianshe, un activista que suele manifestarse cuando hay procesos de disidentes.
Desde la llegada al poder del presidente Xi Jinping, el gobierno de Pekín ha endurecido la represión de las voces críticas de la sociedad civil, como juristas, activistas y profesores de universidad, entre los que hubo centenas de detenciones.
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