Condena a Colombia rescata del olvido a desaparecidos del Palacio de Justicia

Bogotá, 10 dic.- La condena de la CorteIDH al Estado colombiano por su responsabilidad en la desaparición de once personas que salieron vivas del Palacio de Justicia, tomado por un comando guerrillero en 1985, rescata del olvido y de la impunidad uno de los episodios más atroces de la historia reciente del país.

"Consecuente con el respeto a los derechos humanos y las decisiones de la justicia internacional, en este caso no habrá excepción. El Gobierno cumplirá estrictamente con decisión y la justicia colombiana seguirá con la búsqueda de los responsables", dijo hoy el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sobre la sentencia.

Durante 29 años los familiares de los desaparecidos han peregrinado por diferentes tribunales y foros en busca de justicia y verdad sobre lo ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando unos 35 guerrilleros del hoy disuelto Movimiento 19 de Abril (M-19) tomaron a sangre y fuego el Palacio de Justicia, en el corazón de Bogotá.

Los guerrilleros hicieron rehenes a más de 300 personas entre magistrados, empleados y visitantes, para efectuar un "juicio político" al entonces presidente colombiano, Belisario Betancur (1982-1986), intento frustrado por la reacción de las Fuerzas Militares y de Policía, que el día 7 recuperaron el control del Palacio, reducido a escombros y cenizas.

"Dicha operación militar ha sido calificada, por tribunales internos y por la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, como desproporcionada y excesiva. Como consecuencia de estos hechos, resultaron muertas y heridas centenas de personas", señala la sentencia de la CorteIDH, fechada el 14 de noviembre y publicada hoy.

La Comisión de la Verdad creada en 2005 para investigar el llamado "holocausto" del Palacio de Justicia concluyó en 2010 que la toma y retoma de la edificación dejó un centenar de muertos, incluidos once magistrados de la Corte Suprema, y al menos once desaparecidos, por los cuales la CorteIDH condena ahora al Estado.

En la sentencia, que incluye la orden de esclarecer los hechos, sanciones los responsables y el pago de indemnizaciones, la Corte declara "responsable internacionalmente al Estado de Colombia por ciertas violaciones de derechos humanos".

Se refiere especialmente a la desaparición forzada de once personas, la mayoría de las cuales ha sido reconocida por familiares o amigos en vídeos o fotografías de la salida de rehenes del Palacio de Justicia, según explica el fallo.

"Varios de ellos fueron luego remitidos a instalaciones militares. Una vez detenidos, algunos fueron sometidos a torturas y posteriormente desaparecidos" porque la fuerza pública los consideraba "sospechosos" de haber colaborado con el M-19.

Las víctimas por las cuales fue condenado el Estado son Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería; Irma Franco Pineda, guerrillera del M-19; y el magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán Rojas.

Completan la lista Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao, en su mayoría empleados de la cafetería, "sin que se conozca su paradero hasta la presente fecha", con excepción del magistrado.

La Corte concluyó que el magistrado fue herido en una pierna, "pero salió con vida" del Palacio el 7 de noviembre "en custodia de agentes estatales" que no documentaron su salida y luego "fue ejecutado".

Su cadáver fue lavado y llevado al Instituto de Medicina Legal, donde al día siguiente fue entregado a sus familiares.

Por eso, "la Corte concluyó que el Estado era responsable por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial" del magistrado Urán y subrayó que el hecho de que sus restos hayan sido entregados a sus familiares el 8 de noviembre de 1985 "no afectaba la calificación como desaparición forzada".

La CorteIDH también declaró responsable al Estado "por haber violado su deber de garantizar el derecho a la vida" en el caso de Ana Rosa Castiblanco Torres y Norma Constanza Esguerra Forero, fallecidas en el Palacio.

Castiblanco, empleada de la cafetería, estuvo desaparecida durante 16 años hasta que sus restos fueron identificados en 2001 entre los exhumados en una fosa común, mientras que de los de Esguerra no se sabe dónde están "hasta la actualidad".

Otras cuatro personas, Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis, "fueron detenidos ilegal y arbitrariamente" en el marco de los mismos hechos.

Por el caso de los desaparecidos están condenados a prisión dos oficiales retirados del Ejército, el general Jesús Armando Arias Cabrales, a 35 años de cárcel, y el coronel Alfonso Plazas Vega, a 30 años.